abril 27, 2026

Lo de José Manuel del Río Virgen no es sorpresa. Es continuidad.

Su nombramiento dentro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados no cayó del cielo. Viene de una ruta clara, construida al amparo de Ricardo Monreal, quien lo ha sostenido desde el Senado hasta San Lázaro. No es una relación menor, es una alianza política que ha sabido incrustarse en espacios estratégicos.

Y ahí es donde el tema se vuelve delicado.

Porque no se trata solo de un funcionario más. Se trata de alguien con acceso a información de primer nivel en materia de fiscalización, que al mismo tiempo mantiene una abierta cercanía con Movimiento Ciudadano, partido en el que ha militado desde hace décadas, mientras opera también en la órbita de Morena.

Ese doble juego no es nuevo, pero sí peligroso.

Desde esa posición, Del Río Virgen no solo ha sido señalado como uno de los principales operadores de ataques políticos contra Veracruz, sino que su nombre ha estado envuelto en episodios que van más allá de la grilla. Su detención en 2021 por el caso del homicidio del candidato René Tovar marcó un antes y un después. Y aunque el proceso siguió su curso, las dudas no desaparecieron.

A eso se suman versiones persistentes en el norte del estado, particularmente en municipios como Papantla, Tuxpan, Poza Rica o Jáltipan, donde su nombre aparece una y otra vez ligado a dinámicas de poder que conviven con la delincuencia. No como operador directo, pero sí como un actor que entiende el terreno, accede a información sensible y sabe dónde presionar.

Casos como Nanchital, donde incluso candidaturas han tenido que caer por sus propias conexiones, terminan por confirmar que no se trata de hechos aislados, sino de una red de intereses que se mueve con discreción, pero con impacto real.

Mientras tanto, en Veracruz, la administración encabezada por Rocío Nahle García ha tenido que hacer frente no solo a los embates políticos, sino también a una realidad compleja en materia de seguridad. Las detenciones de células delictivas en distintas regiones del estado no son menores. Han sido golpes directos, constantes, que inevitablemente generan reacción.

Porque cada vez que el Estado aprieta, el crimen responde. Y en ese escenario, también se activan los intereses que buscan desestabilizar, golpear mediáticamente y generar percepción de caos.

Ahí es donde las piezas empiezan a acomodarse.

Porque no se puede ignorar que mientras se combate a estructuras delictivas, también existen actores con acceso a información privilegiada que pueden convertir esos datos en herramienta de presión política.

El riesgo no es menor.

Porque cuando alguien con ese nivel de acceso juega en varios bandos, el problema deja de ser una disputa partidista y se convierte en una amenaza estructural.

Y entonces la pregunta ya no es incómoda… es urgente:
¿en manos de quién están hoy los órganos que deberían vigilar al poder?