Una de las dos demandas alega que el centro amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos.
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves 7 de agosto que la prisión llamada Alligator Alcatraz (Alcatraz de caimanes) que alberga a los inmigrantes indocumentados que son ‘cazados’ por agentes del ICE, debe cerrar operaciones de manera temporal.
Lo anterior en lo que abogados definen si la condición como es la prisión Alligator Alcatraz viola o no las leyes ambientales ya que el centro de detención para migrantes indocumentados está rodeado por varios caimanes que utilizan como guardias extra para evitar que las personas extranjeras detenidas puedan escapar del sitio.
La construcción del centro de detención de inmigrantes indocumentados fue autorizado por la administración del presidente Donald Trump donde la idea fue la construcción del complejo que sería vigilada por los caimanes además de serpientes pitones que en dado caso que los migrantes indocumentados cayera al agua, serían atacados por los animales.
¿En qué consiste la orden del juez en contra del Alligator Alcatraz?
Según la orden emitida por la jueza federal de distrito Kathleen Williams, el centro que alberga a inmigrantes ilegales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, tendrá una reducción en sus actividades, pero no así en su operaciones, indicó la impartidora de justicia citada por la agencia AP.
En ese sentido, dentro del Alligator Alcatraz los trabajadores no podrán llevar a cabo nuevas obras de relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito Williams emitió el fallo durante una audiencia y anunció que emitirá una orden escrita este jueves por la tarde.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y continuar la construcción. La demanda alega que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Los demandantes presentaron testigos ayer miércoles y hoy jueves en apoyo de la orden judicial, mientras que los abogados del gobierno estatal y federal tenían previsto presentarse la próxima semana. Tras el testimonio del jueves, Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos evitaría cualquier construcción nueva en el sitio mientras se discutía la orden judicial preliminar, indicó la agencia.
Williams le preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado aceptaría detener la construcción para no tener que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa que se construyera en el sitio probablemente permanecería allí permanentemente, independientemente de cómo se resolviera el caso.
Panuccio dijo que no podía garantizar que el estado detendría todos los trabajos. Esto dio lugar a una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará vigente durante las próximas dos semanas mientras continúa la audiencia preliminar sobre la orden judicial, que aún está en curso.
El núcleo del argumento de los demandantes es que el centro de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los grandes proyectos de construcción.
Panuccio dijo durante la audiencia que aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida. Schwiep afirmó que el propósito del centro es la aplicación de las leyes migratorias, una función exclusivamente federal. Añadió que el centro no existiría si no fuera por el deseo del gobierno federal de contar con un centro para albergar a detenidos.
Asimismo, una segunda demanda interpuesta por grupos de derechos civiles alega que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, se encuentran detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza. La audiencia de este caso está programada para el 18 de agosto.
