La Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey presentó una denuncia ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra la empresa Urban Publicity, S.A. de C.V., a la que acusa de intentar instalar una casa de apuestas.

El casino denunciado se ubica en la avenida Insurgentes 4600, Colonia Vista Hermosa, y para entrar en operación mostró una licencia de uso de suelo presuntamente falsificada.

De acuerdo con el oficio firmado por el director de Asuntos Jurídicos, Héctor Antonio Galván Ancira, el municipio detectó desde noviembre de 2024 obras de adecuación para un establecimiento tipo casino sin contar con autorización federal ni licencia municipal compatible con ese giro.

Tras una inspección el 14 de noviembre de ese año, las autoridades municipales suspendieron los trabajos y colocaron sellos por carecer de permisos. Incluso medios locales reportaron que ese mismo inmueble fue finalmente clausurado. Dicho casino, operado bajo el nombre de Urban Publicity y otra empresa llamada Petolof, ambas propiedad del empresario casinero Sergio Jacinto Gil García.

Conocido como “el señor de los quesos”, por su trayectoria en el sector alimenticio, se sabe que Gil García también tiene inversiones en el comercio de muebles, publicidad y entretenimiento. Fue director de Comercio del municipio de Monterrey entre 2003 y 2006.

En mayo de 2025, la empresa presentó en un juicio de amparo una copia certificada de una licencia que supuestamente avalaba el uso del inmueble como casa de apuestas, bares y centros nocturnos. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible dictaminó que ese documento no fue expedido por la autoridad competente y que el original en sus archivos solo autoriza un gimnasio y local comercial.

“La copia fotostática en análisis, no obra ni ha sido generada por esta dependencia, por lo cual se estima que la misma no fue emitida por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, del Municipio Monterrey, Nuevo León y por ende carece de toda certeza”, contestó Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Monterrey, mediante el oficio No. SDU-02148/2025.

Ante la presunta falsificación y uso de documento público falso, el Ayuntamiento interpuso el 13 de junio de 2025 una denuncia penal, que derivó en la apertura de una carpeta de investigación. La autoridad municipal pidió a la Segob confirmar si existe algún trámite o autorización federal para operar el casino, y en su caso, clausurarlo.

¿Quién está detrás? 

Sergio Jacinto Gil García es un empresario regiomontano identificado con la operación de casinos a través de empresas como Promotora Mexicana de Entretenimiento (Promexe) y Petolof.

Entre 2013 y 2014, la Segob clausuró un total de 24 casinos vinculados a Promexe por operar sin permisos válidos. Además, varios de sus establecimientos en Nuevo León, como los casinos Red y Miravalle, fueron clausurados por autoridades municipales por irregularidades en permisos, uso de suelo y normativas.

La figura de Sergio Gil se ha visto rodeada de polémica, en parte por un caso difundido en 2011 conocido como el “Queso-Gate”. En un video, Jonás Larrazabal, hermano del entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, fue captado recibiendo fajos de billetes dentro del Casino Red. Mientras la versión oficial hablaba de una transacción por quesos oaxaqueños, muchos lo interpretaron como un intento de soborno encubierto para permitir la operación del casino.

Ese mismo año, el alcalde acusó a Gil de intentar chantajearlo con esos videos para conseguir permisos para operar, y Gil obtuvo un amparo en septiembre de 2015 para evitar su detención por presunta extorsión.

En 2024 se denunció que Gil intentó trasladar el casino Red a una nueva ubicación en Monterrey (llamada “Regio Casino”) sin contar con los permisos de uso de suelo requeridos. Pese a clausuras ordenadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), se reportó que continuaron las obras, lo que generó acusaciones de quebrantamiento de sellos y posible simulación de operaciones para eludir sanciones. El caso sigue bajo investigación.

Urban Publicity se define como una empresa del sector de casinos y centros de apuestas, con entre 500 y 1000 empleados, según su perfil en LinkedIn.

Presunta red de extorsión 

En días recientes, trascendió que Sergio Gil sería parte de una red de extorsión que habría operado desde la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado, cuando estaba al frente Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con versiones preliminares, el esquema habría consistido en cobros mensuales de entre 200 mil y 350 mil pesos por casino, además de pagos únicos que iban de 10 a 20 millones de pesos para mantener vigentes las licencias de operación de salas de juegos y sorteos.

Los reportes a los que tuvo acceso el reportero refieren que este modelo habría contado con el respaldo de la Dirección General de Juegos y Sorteos, encabezada entonces por Manuel Marcué Díaz, y que, junto con Gil, otros empresarios como Sergio Saide, de Logrand Entertainment Group, y Juan Carlos Martínez Domínguez, ligado al exgobernador Omar Fayad, señalado como el dueño del casino Via Dorada, y accionista de Hermes Games, también serían mencionados.