Aquellos ciudadanos que hagan un mal uso de la vía pública podrían ser sancionados con un arresto de hasta 36 horas.
Una de las reformas que más ha llamado la atención de la ciudadanía en los últimos días es la modificación a la Ley de Cultura Cívica aprobada por el Congreso de la Ciudad de México el pasado 15 de agosto, también conocida como la «Ley contra franeleros 2025», misma que fue creada con la intención de ponerle un alto a las extorsiones, robos y al uso indebido de la vía pública por parte de dichos individuos.
Y es que una vez que la reforma entre en vigor, cualquier habitante de la CDMX que incurra en practicas como la obstrucción del libre tránsito, el acaparamiento de lugares con cubetas u otros objetos en las calles, el uso de la vía con la intención de obtener un beneficio monetario, podría llegar a ser arrestado entre 25 y 36 horas, sin la posibilidad de pagar multa ni hacer servicio comunitario.
Además del arresto como pena máxima, la reforma a la Ley de Cultura Cívica también establece como posibles sanciones la imposición de una multa de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, lo equivalente a 1,244 y 4,525 pesos, así como de 12 a 18 horas de trabajo comunitario a quienes hagan un mal uso del espacio público.

Foto: Cuartoscuro
¿Franeleros desaparecerán de la CDMX tras reforma a la Ley de Cultura Cívica?
Ante el endurecimiento de la Ley de Cultura Cívica con la aprobación de la reforma, una pregunta queda en el aire, ¿los franeleros van a desaparecer en la Ciudad de México? Y la respuesta es que no, ya que únicamente se castigará a aquellos que pidan un pago o una cuota de manera obligatoria por la limpieza o el cuidado de un vehículo, así como para aquellos que se dediquen a apartar lugares e impidan el libre derecho de estacionamiento en la vía pública.
Es decir, los franeleros podrán seguir ejerciendo sus actividades siempre respeten cada uno de los lineamientos estipulados en reforma a la Ley de Cultura Cívica, por lo que deberán de dejar de exigir una remuneración económica y dejar a consideración de las personas si les dan o no una cooperación voluntaria.

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