En medio de la creciente controversia jurídica y política sobre la reforma a la Ley de Amparo, el gobierno federal propuso al Congreso de la Unión introducir precisiones para evitar interpretaciones que pudieran derivar en una aplicación retroactiva de la norma.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su administración no impulsará ni avalará disposiciones contrarias a la Constitución y reiteró que el principio de no retroactividad, establecido en el artículo 14, debe ser plenamente garantizado.

En la conferencia matutina, y por instrucción directa de la mandataria, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó una propuesta de ajustes al artículo transitorio que generó polémica tras su aprobación en el Senado.

Zaldívar reconoció que la redacción actual ha provocado un “debate innecesario” y “preocupaciones legítimas” sobre los alcances de la reforma, pese a que —subrayó— no existe evidencia de que la intención legislativa haya sido aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de alguna persona.

El expresidente de la Corte delineó tres modificaciones puntuales que, a su juicio, permitirían despejar dudas y fortalecer la certeza jurídica del cambio legislativo:

Reconocer expresamente el carácter procesal de la Ley de Amparo, lo que refuerza que sus disposiciones no alteran derechos sustantivos.

Establecer con claridad que las etapas procesales ya concluidas se rigen por la legislación vigente en el momento en que se realizaron, evitando afectaciones posteriores.

Precisar que las nuevas disposiciones solo aplicarán a actuaciones futuras, conforme a la jurisprudencia consolidada de la SCJN, garantizando que no se vulneren derechos adquiridos.

Zaldívar afirmó que estas aclaraciones no modifican el sentido de la reforma, pero sí “dotan de certidumbre a los justiciables y fortalecen el respeto al Estado de derecho”.

Respuesta del Ejecutivo a la polémica

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó plenamente la propuesta técnica y sostuvo que la intención de su gobierno es evitar cualquier ambigüedad que pueda dar lugar a interpretaciones erróneas o a litigios innecesarios.

“Nuestro gobierno no impulsa leyes que vulneren la Constitución. Lo que se busca es garantizar que la justicia sea más rápida y eficaz, pero siempre respetando los derechos de las personas”, afirmó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo reconoció que el tema ha generado inquietud en sectores académicos, empresariales y sociales, por lo que pidió al Poder Legislativo atender la recomendación y abrir un diálogo constructivo para afinar la redacción del transitorio.

Con la intervención de Zaldívar, el gobierno busca respaldar su postura con un sustento técnico-jurídico sólido y al mismo tiempo marcar distancia de la polémica generada en el proceso legislativo. La expectativa ahora recae en la Cámara de Diputados, que fungirá como cámara revisora y tendrá en sus manos la definición final del marco legal.