A tan solo tres días de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la aplicó por primera vez, generando un revés importante a Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
El pleno, con siete votos a favor y uno en contra, resolvió una contradicción de criterios entre las extintas primera y segunda salas, declarando que ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio por trámites accesorios que no afectan el fondo del caso.
La ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa explicó que la ley busca impedir que las recusaciones se utilicen para entorpecer o dilatar los procedimientos legales, dejando claro que solo deben aplicarse cuando afecten directamente el fondo del caso.
El caso de Grupo Elektra
La controversia se originó en 2024, cuando Grupo Elektra promovió un recurso de revisión en amparo directo contra un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos. La empresa recusó a las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, lo que derivó en impedimentos que finalmente fueron desechados bajo la nueva ley.
El caso generó jurisprudencia sobre la procedencia de recusaciones dilatorias, estableciendo un precedente que impactará no solo litigios fiscales, sino cualquier proceso en el que se busquen retrasar los juicios a través de trámites accesorios.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que “el fondo ya fue resuelto por la nueva ley” y que la decisión clarifica cómo deben manejarse las recusaciones en todos los tribunales de México.
Implicaciones legales y jurisprudenciales
Esta primera aplicación de la reforma marca un hito en el derecho procesal mexicano, limitando la posibilidad de que litigantes utilicen recursos dilatorios y fortaleciendo la eficiencia de los juicios de amparo.
Expertos señalan que la resolución de la SCJN establecerá un precedente sólido para futuras controversias, evitando que los procedimientos accesorios sean usados estratégicamente para retrasar la justicia.
Además, la decisión de la Suprema Corte refuerza la transparencia y la certeza jurídica, elementos clave para fortalecer la confianza en el sistema judicial mexicano, especialmente en casos de alto impacto económico y mediático como el de Grupo Elektra.
