Chiapas implementa Ley de Interrupción Legal del Embarazo para menores víctimas de abuso sexual, asegurando atención médica gratuita y protección de derechos humanos.
Legislación histórica en Chiapas para protección de niñas y adolescentes
El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, marcando un paso histórico en la protección de los derechos de menores víctimas de violación. La normativa garantiza que las instituciones del Sistema Estatal de Salud proporcionen el procedimiento médico seguro y gratuito, mientras se notifica a las autoridades para la investigación correspondiente del delito.
Diputadas impulsan iniciativa frente a alta incidencia de embarazos infantiles
La iniciativa fue presentada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García, debido a que Chiapas lidera a nivel nacional en embarazos infantiles. Marcela Castillo enfatizó que más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año, y que la mayoría de estos casos son resultado de violencia sexual.
Violencia sexual y barreras sociales agravan la situación
Las legisladoras destacaron que estas historias no reflejan amor ni consentimiento, sino violencia sexual respaldada por el silencio institucional. La problemática se agrava debido a la pobreza, marginación y barreras lingüísticas que enfrentan muchas menores indígenas, lo que dificulta el acceso a atención médica y protección legal.
Derechos y justicia para las víctimas
Castillo señaló que defender la interrupción legal del embarazo en menores es garantizar su derecho a decidir, a sanar y a vivir con dignidad. Resaltó que la medida no responde a ideologías, sino a la justicia y a la protección de los derechos humanos de las niñas y adolescentes.
Aumento de delitos sexuales en Chiapas
Datos de la legislatura estatal indican que los delitos de pederastia, violación y estupro contra menores aumentaron 12 por ciento entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que representa 36 casos más. Las diputadas enfatizaron que asegurar el acceso a la interrupción legal del embarazo es también un tema de salud pública y cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia.
