Xalapa, Ver.- La abogada penalista, Perla del Carmen Morales Solano, denunció este viernes una presunta omisión y falta de actuación de las autoridades del estado de Veracruz en materia de prevención y sanción de la tortura, tras el caso de tres ciudadanos estadounidenses recluidos desde 2022 en el penal de Poza Rica.
En rueda de prensa, la litigante señaló que sus representados Joel Lemus, Ramiro Julián Laurencio Guevara y Domingo Ramos Guevara, fueron víctimas de tortura durante su detención y dentro del Centro de Reinserción Social de Poza Rica, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya iniciado una investigación efectiva, a pesar de las denuncias presentadas.
“Desde mayo de 2024 se dio vista a la Fiscalía para iniciar las diligencias por el delito de tortura, incluyendo la aplicación de los dictámenes médicos y psicológicos, sin embargo, esto no ha ocurrido”, afirmó Morales Solano.
La abogada explicó aunque existe una Fiscalía Especializada en Combate a la Tortura, ésta no cumple con los requisitos de independencia que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Tratos Crueles o Inhumanos, ya que depende directamente de la Fiscalía General del Estado.
“Esa falta de autonomía impide una investigación imparcial, nadie puede ser juez y parte. La fiscalía especializada responde a la fiscal general, cuando la ley establece que debe ser un órgano independiente”, puntualizó.
Los tres estadounidenses fueron detenidos el 27 de noviembre de 2022, desde entonces permanecen en prisión preventiva, acusados de privación ilegal de la libertad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, cargos que según la defensa han sido utilizados de manera indebida por las autoridades para fabricar culpables.
Morales Solano aseguró que durante la detención sus clientes fueron golpeados para forzar una confesión, sin contar con traductores, ya que no hablan español, denunció que dentro del penal han sido víctimas de extorsión por parte de custodios, quienes les exigen dinero para recibir alimentos, visitas y atención médica.
Uno de ellos, indicó, padece diabetes y debe pagar cuotas para obtener su medicamento.
La defensora informó que la Embajada de Estados Unidos conoció del caso hasta marzo de 2024, pese a que las autoridades mexicanas estaban obligadas a notificar desde el momento de la detención, conforme a los convenios internacionales.
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, la defensa interpuso un juicio de amparo por omisión legislativa, en el que se señala al Congreso del Estado, a la gobernadora Rocío Nahle García, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como sujetos obligados que no han cumplido con la creación de una fiscalía autónoma especializada.
Morales Solano aseguró que el Congreso y el Ejecutivo niegan la omisión señalada, bajo el argumento de que ya existe una fiscalía especializada, aunque sea subordinada a la Fiscalía General.
“En estados como Nuevo León, Jalisco y Nayarit ya se crearon fiscalías autónomas para atender estos casos, en Veracruz, la falta de legislación ha provocado que solo exista un proceso penal por tortura, el de Jorge Winckler”, añadió.
Finalmente la abogada hizo un llamado al Congreso del Estado y al Gobierno de Veracruz para que cumplan con su obligación de legislar en materia de tortura y garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
