La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que, hasta la fecha, se han identificado plenamente 185 de los 386 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, donde se realizó un descubrimiento masivo de restos humanos hace siete meses.
Del total de cadáveres identificados, 172 ya fueron entregados a sus familiares, quienes han podido concluir los procesos de reconocimiento y recepción. Asimismo, 181 familias habían sido notificadas formalmente, y se estaba a la espera de lograr contacto con las cuatro restantes.
La dependencia detalló que 123 familias han presentado denuncias por el delito de fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en el marco de las investigaciones por las irregularidades detectadas en la operación del crematorio.
De igual manera, se informó que 110 muestras fueron enviadas a laboratorios de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de obtener perfiles genéticos de ADN que permitan contrastar y confirmar la identidad de las personas fallecidas.
Las labores de identificación y atención se realizan con la participación de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el ministerio público, el Servicio Médico Forense y el Centro de Atención a Víctimas del Estado.
A finales de octubre del año pasado, Facundo Teófilo, empleado del crematorio Plenitud, quien se encontraba vinculado a proceso junto con el dueño del establecimiento por los delitos de inhumación y exhumación de restos humanos, falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica.
386 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez y el entramado de omisiones
El 26 de junio de 2025, autoridades de Chihuahua aseguraron un crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez, donde inicialmente se encontraron decenas de cuerpos amontonados. Posteriormente, se informó que la cifra ascendía a 386, y que se trataba de cuerpos que habían recibido tratamiento por parte de funerarias, pero que no habían sido incinerados.
El crematorio Plenitud operaba de forma irregular. Durante la audiencia inicial sobre el caso, se informó que la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris) no había realizado una revisión desde marzo de 2022; el dictamen ambiental había vencido en 2023; el horno crematorio se encontraba fuera de servicio, y las dos cámaras de refrigeración no funcionaban. Además, el establecimiento no contaba con los servicios necesarios para su operación.
Al respecto, la Fiscalía de Chihuahua afirmó que investigaría posibles acciones u omisiones de las autoridades responsables de supervisar el establecimiento, y en julio el ministerio público informó que llamaría a diversas autoridades a rendir informes, entre ellas las de Registro Civil, Protección Civil, Salubridad, Desarrollo Urbano y la propia Fiscalía de Chihuahua, entre otras.
En tanto, la Unión de Funerarios de Ciudad Juárez señaló a la Coespris y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) como autoridades con presunta obligación de responder por el caso; sin embargo, su dirigente, Marcelo Ruiz Cantú, consideró que la responsabilidad principal recaía en los propietarios del crematorio.
