Patricia García Barradas
Xalapa, Ver.- Con el objetivo de evitar que adultos mayores queden en estado de vulnerabilidad económica, el diputado federal del Partido del Trabajo, Adrián González Naveda, anunció que será presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para impedir el embargo o retención de pensiones y programas sociales por adeudos.
El legislador explicó que la propuesta surge a partir de casos reales documentados por organizaciones como el Barzón de Resistencia Civil, particularmente el de Myrna, quien enfrentó el congelamiento de sus recursos económicos derivados de su pensión.
Detalló que la iniciativa contempla reformas al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de establecer que estos ingresos sean considerados de carácter alimentario, es decir indispensables para la subsistencia y dignidad de las personas adultas mayores.
“Se trata de proteger un derecho constitucional, las pensiones no son un programa asistencial, son un derecho y no pueden ser utilizadas para el cobro forzado de deudas”, subrayó.
Precisó que el documento será ingresado el martes de la próxima semana, una vez que se reanuden las sesiones legislativas, adelantó que contará con el respaldo inicial de los 49 diputados del Grupo Parlamentario del PT, además de que se prevé la adhesión de legisladores de otras fuerzas políticas, al tratarse de un tema de justicia social y no partidista.
Por su parte, la representante legal del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vásquez aclaró que la propuesta no busca fomentar el incumplimiento de obligaciones financieras, sino frenar prácticas abusivas derivadas de la falta de regulación en el otorgamiento de créditos.
Expuso que han detectado casos en los que principalmente adultos mayores, son inducidos a contraer deudas mediante esquemas poco transparentes, posteriormente se convierten en juicios mercantiles sustentados en pagarés, derivando en embargos precautorios.
“Estas medidas implican el congelamiento total de cuentas bancarias, incluyendo pensiones, lo que deja a las personas sin posibilidad de disponer de sus recursos, colocándolas en una situación de extrema vulnerabilidad”, señaló.
Añadió que debido al temor o desconocimiento, muchas víctimas no denuncian, lo que dificulta dimensionar el problema, aunque confirmó que existen más casos además del de Myrna, cuyos datos se mantienen en reserva por petición de los afectados.
En el caso específico de Myrna, indicó que se logró frenar el descuento a su pensión mediante un recurso legal, sin embargo el proceso judicial continúa en etapa de excepciones procesales, además de que la afectada fue demandada fuera de su lugar de residencia, lo cual también representa una irregularidad.
González Naveda puntualizó que de aprobarse la reforma, las pensiones y programas sociales no podrán ser embargados ni retenidos por ninguna institución financiera o acreedor, salvo en casos de pensión alimenticia y únicamente mediante orden judicial.
Advirtió que actualmente las instituciones bancarias pueden bloquear cuentas para el cobro de adeudos, lo que puede colocar a los ciudadanos en condiciones de pobreza extrema al impedirles acceder a recursos básicos.
Tanto el legislador como representantes del Barzón hicieron un llamado a visibilizar estos casos y fortalecer el marco legal para evitar abusos, garantizando que los apoyos sociales cumplan su función de asegurar condiciones de bienestar para la población más vulnerable.
