El senador morenista aseguró que participará en el inicio de los trabajos de la Comisión Permanente el próximo 6 de mayo.
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó que busque convertirse en testigo cooperante en EE.UU., luego de que la Fiscalía estadounidense lo acusara de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa -en la que se le señala como supuesto enlace con funcionarios estatales- y de que el diario El Universal reportara que sus abogados habrían iniciado gestiones ante autoridades estadounidenses.
“Falso de toda falsedad”, escribió el legislador en su cuenta de X, en respuesta directa a la información difundida por el medio.
Horas antes, el propio Inzunza publicó otros mensajes en la misma red social en los que negó los señalamientos en su contra y defendió su trayectoria en el servicio público. “Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas”, señaló. Añadió que refutará “absolutamente todas las falsedades” desde su encargo como senador y que, de ser requerido, acudirá ante las autoridades mexicanas
En otra publicación, acompañada de un video grabado presuntamente en Badiraguato, Sinaloa, afirmó: “Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana”, y adelantó que participará en el inicio de los trabajos de la Comisión Permanente el próximo 6 de mayo.
El legislador se había ausentado las actividades del Senado desde el pasado miércoles 29 de abril. Ese día, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el propio Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Se Describe un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios estatales habrían sido integrados a una “narconómina” operada por la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentra Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno y presunto enlace con la organización criminal.
De acuerdo con la acusación, tras asumir el cargo, Rocha Moya habría permitido la injerencia del grupo criminal en nombramientos clave dentro del gobierno estatal, así como en instituciones de seguridad. El documento también detalla la existencia de pagos periódicos en efectivo a funcionarios, organizados en listas con montos asignados.
Entre los casos mencionados figura el de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, quien presuntamente fue designado jefe de la Policía de Investigación con aprobación del grupo criminal. Asimismo, se señala que Inzunza habría fungido como intermediario entre líderes del cártel y Rocha Moya, mientras que otros funcionarios habrían facilitado operaciones financieras o de seguridad en favor del grupo.
El pasado viernes Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo y el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. El exmandatario ha rechazado los señalamientos y sostuvo que su separación busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
El diario El Universal reportó el sábado que los abogados Inzunza “se acercaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para hacer la gestión para ser testigo cooperante”, citando a una fuente de esa dependencia. El medio añadió que, según dicha fuente, “un narcotraficante que se entrega y ofrece información entra principalmente en la figura de testigo cooperante”.
La publicación detalla que este tipo de procesos implican la participación de abogados estadounidenses y pueden derivar en acuerdos de cooperación con fiscales, así como en la eventual inclusión en programas de protección de testigos.
De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, al senador morenista se le imputan los delitos de “conspiración de importación de narcóticos”, “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos”, cargos que, en conjunto, podrían derivar en una pena de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
