Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- Luego de que el Congreso de Veracruz aprobara el retiro del fuero a los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que el procedimiento responde exclusivamente a investigaciones ministeriales y no a una decisión política.
En entrevista radiofonica, la mandataria estatal explicó que ambos casos derivan de carpetas de investigación integradas por la fiscalía a partir de delitos considerados de alto impacto.
Precisó que uno está relacionado con la desaparición de la periodista de Nanchital y el otro con la privación de la libertad de un empresario en el municipio de Úrsulo Galván.
Recordó que tras reunir los elementos de prueba, las autoridades ministeriales solicitaron al Congreso del Estado el desafuero de ambos presidentes municipales, quienes hasta este miércoles contaban con inmunidad procesal por el cargo que desempeñaban.
Nahle García enfatizó que una vez retirado el fuero, ambos exalcaldes deberán comparecer ante las autoridades judiciales y ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso legal correspondiente.
«Ahora tendrán que enfrentar el procedimiento con sus abogados, presentar las pruebas que consideren necesarias y defenderse conforme a derecho ante jueces y magistrados», expresó.
La gobernadora subrayó que el Poder Ejecutivo no participa en las investigaciones ni influye en las determinaciones de la Fiscalía o del Poder Judicial, por lo que rechazó que el caso tenga motivaciones partidistas.
Las declaraciones surgieron luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmara en sus redes sociales que el desafuero de ambos alcaldes obedecía a una persecución política.
En respuesta, Nahle García lanzó fuertes críticas contra el dirigente nacional del partido naranja, “Yo ya lo he dicho que Máynez es un simulador profesional. Lo conozco como legislador. Estuvimos en la misma legislatura cuando fuimos diputados. Es un simulador mentiroso”, refirió que en lugar de descalificar el actuar de las instituciones, debería permitir que los involucrados enfrenten el proceso judicial y ejerzan su derecho a defenderse.
La mandataria insistió en que las investigaciones no distinguen colores partidistas y aseguró que si los alcaldes involucrados pertenecieran a Morena, su postura sería exactamente la misma.
«Quien infrinja la ley tiene que enfrentar a la justicia. Sea presidente municipal o cualquier ciudadano, todos deben responder conforme al sistema judicial», señaló.
La titular del Ejecutivo reiteró que su administración mantiene como prioridad el combate a la inseguridad mediante el trabajo coordinado en la Mesa para la Construcción de la Paz y las investigaciones deben seguir su curso sin distingos políticos.
Sobre la situación jurídica de Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, reconoció que desconoce si la Fiscalía ya cuenta con órdenes de aprehensión o si existe alguna acción judicial en marcha contra ellos, «Desconozco si hay alguna orden de aprehensión», respondió al ser cuestionada sobre el tema.
En cuanto a la operación de los ayuntamientos, explicó que corresponderá al Congreso del Estado llamar a los presidentes municipales suplentes para asumir la titularidad de los gobiernos municipales de manera temporal, al formar parte de la misma fórmula con la que fueron electos.
Aclaró que el procedimiento no implica retirar a Movimiento Ciudadano el control de ambas administraciones municipales, sino únicamente aplicar el mecanismo previsto en la ley mientras los exediles enfrentan su situación jurídica.
La tarde del miércoles, el Congreso del Estado aprobó en sesión privada, el desafuero de los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste con 40 votos a favor y ocho en contra en ambos dictámenes.
Con esta resolución legislativa, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez perdieron la protección constitucional que les otorgaba el fuero, por lo que podrán enfrentar las investigaciones y el proceso judicial correspondiente sin esa inmunidad procesal.
