En esta historia del Ingenio San Pedro nadie puede hacerse la víctima. Ni el empresario que decidió cerrar una fábrica de la que dependen miles de familias, ni el Gobierno que lleva semanas anunciando su rescate, ni los alcaldes que ahora aparecen con una carta de respaldo político cuando lo que hace falta son resultados.
Y mientras todos acomodan su discurso, los productores cañeros, obreros, transportistas y comerciantes continúan esperando saber qué ocurrirá con la próxima zafra.
Empecemos por el dueño de Grupo Porres.
Al inicio de este conflicto, mientras en Lerdo de Tejada crecía la incertidumbre por el cierre de la factoría, el empresario Othón Porres Bueno se encontraba de viaje por Europa, según reveló la propia gobernadora Rocío Nahle.
Por aquellos días también circuló una carta atribuida al empresario en la que, palabras más, palabras menos, se defendía la postura de que nadie, ni siquiera la gobernadora, podía decirle qué hacer con su empresa, y posteriormente entró en negociaciones con el Gobierno.
Y aquí comienza lo verdaderamente interesante.
¿Qué hizo cambiar de opinión al empresario?
Si el ingenio representaba una carga económica y la decisión de cerrar estaba tomada, ¿qué condiciones lo llevaron a aceptar una negociación para entregar las instalaciones?
¿Se ofreció comprarle la fábrica? ¿Hubo una propuesta de compensación? ¿Se pactó algún beneficio económico? ¿O simplemente se acordó una devolución bajo determinadas condiciones?
Y si ya existía un acuerdo, como ha sostenido la gobernadora, ¿por qué Grupo Porres no entrega?
¿Está pidiendo más dinero? ¿Existe algún compromiso incumplido? ¿Hay un obstáculo jurídico? ¿O el empresario sencillamente decidió echarse para atrás?
No se trata de inventar respuestas, sino de exigirlas.
Porque una cosa es tener derecho a disponer de una empresa privada y otra pretender que una negociación de semejante impacto social permanezca envuelta en el misterio.
¿Cuánto pidió Porres y cuánto ofreció el Gobierno?
Esta es la parte que nadie termina de explicar.
Durante semanas hemos escuchado hablar de acuerdos, fideicomisos, corridas financieras, rescate y reactivación.
Pero ¿dónde están los números?
¿Cuánto vale el Ingenio San Pedro según un avalúo formal? ¿Cuánto pidió Grupo Porres por desprenderse de él? ¿Se estableció algún precio o contraprestación?
¿El Gobierno entregó algún anticipo? ¿Se realizó algún pago? ¿Existe dinero público comprometido o todavía no se ha desembolsado un solo peso?
¿Y qué otras obligaciones pudieron quedar establecidas para cualquiera de las partes?
No hay información pública suficiente para afirmar que se haya pagado dinero o pactado alguna compensación. Precisamente por eso es indispensable conocer los documentos.
Porque si todo está listo, como se ha venido anunciando, debería ser posible explicar qué está listo y qué falta.
Y si todavía no existe un acuerdo definitivo, también deberían decirlo.
El dinero público no puede administrarse entre declaraciones ambiguas, ni el patrimonio empresarial puede convertirse en una excusa para mantener a toda una región esperando indefinidamente.
Nahle también tiene cuentas pendientes
Ahora vayamos al Gobierno.
La gobernadora Rocío Nahle ha encabezado públicamente las gestiones para rescatar la factoría. Eso es cierto y debe reconocerse.
Pero reconocer la intervención gubernamental no significa extender un cheque en blanco.
Primero se anunció que se buscaría rescatar el ingenio. Después se habló de un fideicomiso. Más adelante se aseguró que existían las condiciones para recibir las instalaciones.
Sin embargo, llegó el 28 de septiembre y la gobernadora reconoció que Grupo Porres había incumplido la fecha de entrega.
El 5 de octubre volvió a señalar que la empresa no había entregado la fábrica y advirtió que la demora evidenciaba una posible falta de voluntad.
Entonces, ¿qué tan firme era el acuerdo?
Porque resulta difícil entender cómo se anuncian fechas de entrega si todavía no existen las garantías suficientes para que se cumplan.
Y hay otro detalle.
Mientras desde Veracruz se transmitía la impresión de que el rescate avanzaba hacia su concreción, la presidenta Claudia Sheinbaum reconocía que aún debían definirse aspectos del esquema bajo el cual se integraría y operaría el ingenio.
¿Había un acuerdo definitivo o apenas se estaba construyendo?
¿La Federación y el Estado tenían exactamente la misma información sobre el alcance de las negociaciones?
¿O se adelantaron anuncios políticos a compromisos que todavía no estaban jurídicamente asegurados?
Porque si Grupo Porres incumplió, debe explicarse qué obligación concreta dejó de cumplir.
Y si el Gobierno anunció prematuramente una entrega que no estaba garantizada, también debe asumir su parte.
La voluntad política podrá ser mucha, pero no sustituye un contrato firmado, una entrega material ni una fábrica funcionando.
Y entonces aparecieron los seis alcaldes
Justo cuando la gobernadora comenzaba a señalar públicamente a Grupo Porres por la falta de entrega, seis presidentes municipales decidieron cerrar filas con ella y con Claudia Sheinbaum.
Flor María de Jesús Sosa Zamudio, de Lerdo de Tejada; Samantha Sánchez del Hoyo, de Ángel R. Cabada; Noé Domínguez Cadena, de Santiago Tuxtla; Elvis Laureani Román, de Saltabarranca; Christian Romero Pérez, de Tlacotalpan, y Alberto Ángel Cobos Márquez, de Alvarado, firmaron una carta abierta para respaldar las gestiones gubernamentales.
Hasta ahí, nada cuestionable.
Los municipios tienen razones económicas y sociales suficientes para involucrarse.
Lo curioso es que el documento parece encontrar más espacio para agradecer a las autoridades que para exigir explicaciones sobre los acuerdos que siguen sin cumplirse.
“Gobernadora, en esta batalla usted no está sola”, le dicen a Nahle.
Bonito mensaje.
Pero ¿y los cañeros? ¿Y los obreros? ¿Y las familias que llevan semanas esperando?
¿No habría sido más útil una exigencia conjunta para conocer los términos de la negociación, las fechas definitivas y las responsabilidades de cada parte?
Los alcaldes no fueron elegidos para convertirse en un comité de aplausos del Gobierno estatal.
Tampoco para limitarse a señalar al empresario.
Su responsabilidad es defender a sus municipios, exigir información y acompañar a los sectores afectados, incluso cuando eso signifique incomodar a la gobernadora.
Especialmente en Lerdo de Tejada, donde el cierre del ingenio tiene consecuencias directas sobre la economía local.
Porque respaldar una gestión es legítimo.
Pero respaldarla sin exigir resultados puede terminar convirtiéndose en una forma muy cómoda de repartir elogios y diluir responsabilidades.
¿Ya se están amarrando el dedo?
Y aquí viene la parte política de esta historia.
La secuencia resulta demasiado conveniente para no cuestionarla.
Grupo Porres anuncia el cierre.
El Gobierno interviene y anuncia el rescate.
Se habla de un fideicomiso y de una próxima entrega.
La empresa no entrega.
Nahle advierte que falta voluntad.
Y, casi inmediatamente, seis alcaldes publican una carta para dejar constancia de que la gobernadora y la presidenta han hecho su parte.
¿Coincidencia?
Puede ser.
Pero también cabe preguntarse si estamos presenciando la construcción anticipada de un discurso para explicar un eventual fracaso.
Si el ingenio vuelve a operar, habrá fotografías, discursos, reconocimientos y suficientes personajes dispuestos a adjudicarse el mérito.
Si no se concreta el rescate, el Gobierno podrá señalar que hizo todo lo posible y que Grupo Porres impidió la entrega.
Los alcaldes podrán recordar que respaldaron las gestiones.
Y el empresario podrá argumentar lo que considere conveniente sobre sus derechos, sus condiciones y su patrimonio.
Todos tendrán una explicación. Lo que no necesariamente tendrán los trabajadores será una zafra.
No afirmamos que exista un acuerdo político para deslindar responsabilidades.
Pero la coincidencia de declaraciones, fechas y pronunciamientos merece algo más que una lectura complaciente.
Sobre todo porque los tiempos electorales se acercan y un rescate industrial de esta magnitud también puede convertirse en capital político.
Aquí nadie es víctima, pero tampoco hay inocentes por decreto
Grupo Porres tiene que explicar por qué aceptó negociar y por qué las instalaciones siguen sin entregarse.
Rocío Nahle debe transparentar los términos de los acuerdos que ha anunciado y precisar qué falta para concretarlos.
El Gobierno federal debe aclarar cuál es su participación jurídica y financiera en el rescate.
Y los seis alcaldes deben demostrar que su intervención va más allá de una carta de respaldo político.
Porque nadie puede pedir confianza ilimitada cuando las fechas se incumplen y las condiciones de una negociación permanecen sin conocerse.
El Ingenio San Pedro no necesita héroes de ocasión.
Las familias que depende de él, necesitan certeza jurídica, el inmueble requiere recursos, mantenimiento, trabajadores y caña para moler.
Y, sobre todo, necesita que quienes están sentados en la mesa de negociación dejen de administrar las expectativas de miles de familias como si se tratara de una estrategia de comunicación.
¿Cuánto pidió Porres? ¿Qué ofreció el Gobierno? ¿Se pagó algo? ¿Qué se firmó? ¿Quién incumplió y por qué?
Son preguntas sencillas que merecen respuestas documentadas.
Porque mientras no se conozcan los acuerdos, nadie tiene elementos suficientes para repartir absoluciones ni condenas.
Ojalá que el rescate se concrete y que el Ingenio San Pedro vuelva a operar. Sería una buena noticia para toda la región, independientemente de quién quiera colgarse la medalla.
Pero mientras eso no ocurra, hay que seguir preguntando.
Porque en esta historia nadie ha demostrado ser víctima. Y mucho menos merece ser declarado inocente antes de rendir cuentas.
SIN MORDAZA| Viridiana Reyes
No apto para pieles sensibles
