Viridiana Reyes
Una simple crítica en X (antes Twitter) —una ciudadana cuestionó que la diputada PT Diana Karina Barreras ocupa su curul gracias a su esposo, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna— derivó en un escándalo político y mediático que desnuda las tensiones crecientes en torno a la libertad de expresión, la violencia política de género y el uso del poder institucional.
🔍 ¿Qué pasó realmente?
El tuit que detonó todo. Karla María Estrella Murrieta, ama de casa originaria de Hermosillo, publicó un mensaje en X acusando al diputado Gutiérrez Luna de usar “un berrinche” para que su esposa fuera incluida en la lista de candidaturas al Congreso 2024 . Acción legal ante el INE y TEPJF. Barreras denunció violencia política de género. El INE ordenó borrar el tuit y el TEPJF sancionó a Karla tras fallos divididos y con voto de calidad de la magistrada presidenta Mónica Soto . Sanciones desproporcionadas. Además de una multa, Karla Estrella fue obligada a ofrecer 30 días consecutivos de disculpas públicas en X, bajo amenaza de que el SAT congelaría sus cuentas y aplicaría más sanciones fiscales ().
🧩 ¿Dónde está lo criticable?
Represión a la disidencia. Convertir una crítica legítima —acusar nepotismo— en un acto de “violencia política de género”, y luego multar y coartar la libertad de expresión durante un mes, obliga a cuestionar si no se está usando el TEPJF como herramienta política para intimidar críticas incómodas. Responsabilidad institucional vs. defensa propia. Barreras afirmó que no buscaba una disculpa, sino que se defendía . Sin embargo, vía la presentación institucional —no personal— se impulsó una sanción desproporcionada. Debilitamiento de la figura de género. El proyecto de la Sala Superior señalaba que referirse al vínculo marital no constituye violencia política de género, sino crítica política legítima . Aun así, el tribunal ratificó la sanción, alimentando dudas sobre selectividad y uso político de la figura.
📢 En perspectiva crítica: la 4T al servicio de quienes defienden lo indefendible
Este episodio ejemplifica una tendencia inquietante:
Cuando la crítica incomoda a figuras vinculadas al poder, se despliega la maquinaria institucional (INE → TEPJF → SAT) para neutralizarla. Mientras se promociona una narrativa de “4T incluyente”, la capacidad de seguritización del discurso se expande hacia voces ciudadanas que señalan posibles abusos o favoritismos. El mensaje enviado es claro: si cuestionas el “estatus quo” de quienes mandan, puedes ser sancionado, penalizado, censurado.
🧭 Conclusión
Este no es un desacuerdo más en redes sociales; es un claro ejemplo de cómo el poder político —dentro de la 4T— utiliza herramientas institucionales para legitimar la censura de la crítica política, desdibujando la línea entre violencia de género y control del discurso.
Que el TEPJF obligue a una ciudadana a disculparse durante un mes, bajo amenaza de consecuencias fiscales, no es solo excesivo. Es una alerta roja sobre el deterioro del derecho a opinar, a fiscalizar y a cuestionar a quienes gobiernan, sin temer la retaliación.
