Bolsonaro se encuentra preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia tras su intento de fuga del sábado pasado cuando tenía arresto domiciliario.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro agotó sus recursos judiciales y cumplirá su condena de 27 años de cárcel por Golpe de Estado.
El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes el inicio del cumplimiento de la pena en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.
Bolsonaro está detenido en régimen de prisión preventiva en esta misma sede policial desde el pasado sábado, cuando fue arrestado por haber tratado de dañar la tobillera electrónica que usaba, en una acción que el juez interpretó como un intento de fuga.
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El inicio del cumplimiento de la condena fue ordenado después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes.
La defensa presentó unos primeros recursos, pero fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala del Tribunal Supremo, responsable del proceso.
El líder de la ultraderecha estaba en prisión domiciliaria desde el pasado agosto por incumplir diversas medidas cautelares que le habían sido impuestas en el curso del proceso.
El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
La trama llegó a poner en marcha un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades, y desembocó en el asalto violento a las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, perpetrado por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.
Bolsonaro, de 70 años, mantiene una salud frágil y padece episodios de ansiedad, hipo y vómitos, dolencias que atribuye a la grave puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018 y que desde entonces lo ha obligado a someterse a varias cirugías.
Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones «humanitarias».
