Aunque fueron rechazados por la ciudadanía en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, tres magistrados que obtuvieron una votación mínima han sido designados para integrar el órgano que administrará los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Esta incongruencia ha generado críticas por contradecir el sentido democrático que se buscaba imprimir con la consulta ciudadana para renovar el sistema judicial.
❗ Un blindaje institucional: juez y parte

Diversas voces críticas dentro del sistema judicial han señalado que la conformación de este órgano busca condicionar desde el primer día la gestión de la nueva presidenta del Poder Judicial, quien asumirá en septiembre. Al dejar al mando de los recursos a funcionarios que ya han manejado la administración interna —y que además fueron rechazados por la ciudadanía— se impide que la nueva titular pueda auditar o corregir las posibles irregularidades heredadas.

En otras palabras, los mismos operadores que podrían ser señalados por mal uso de los recursos públicos, son ahora los encargados de supervisar y controlar esa misma administración: serían juez y parte. Este diseño institucional representa un claro intento de blindar al grupo saliente y cubrir el presunto saqueo en el Poder Judicial.