Cartas de deportación enviadas a menores inmigrantes en Illinois alarman a familias y líderes; acusan amenazas, violaciones a derechos y recortes legales.
En Estados Unidos se han registrado cartas enviadas por la Administración de Donald Trump a menores de edad inmigrantes, lo que ha causado consternación entre familias y líderes civiles sobre todo en el estado de Illinois. Estas misivas exigen la salida inmediata de Estados Unidos, a pesar de que los menores ingresaron legalmente, y contienen amenazas de deportación, multas y procesos penales.
«Es hora de que salgas de Estados Unidos», inicia una de las cartas dirigidas a los menores.
Además, en la carta se puede leer una explicación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les concedió un permiso de entrada condicional por tiempo limitado, y que ahora el DHS está ejerciendo su discreción para revocar o ya ha revocado dicho permiso.
«Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación. No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el gobierno federal te encontrará».
Créditos: Cuartoscuro
Los niños no son criminales
Decenas de niños en el área de Waukegan, principalmente de México y que cruzaron la frontera sin sus padres, recibieron estas cartas de deportación, todos ellos ingresaron legalmente en 2014 bajó un programa humanitario como «menores no acompañados», y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares en Estados Unidos.
A pesar de la reunificación, la forma en que ingresaron al país impide que sus padres los representen legalmente en un tribunal de inmigración, dejándolos dependientes de abogados defensores cuyos recursos han disminuido. Estas cartas pueden significar un cambio «preocupante y alarmante», ya que buscan despojar a los niños de las protecciones de asilo, de acuerdo con expertos.
Créditos: Cuartoscuro
La ley de inmigración establece que los menores no acompañados que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal deben recibir protección especial: son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y se les otorga un permiso humanitario mientras se procesan sus casos.
Sin embargo, en los últimos meses, defensores de los migrantes y abogados denuncian un desmantelamiento silencioso del sistema. Según una ley contra la trata de 2008, el Gobierno debe ofrecer asistencia legal y garantizar la repatriación segura de los niños.
LA/TJM
