La Fiscalía mexiquense inició una investigación y cesó de sus funciones a dos servidores públicos del Centro de Justicia del municipio de la Paz, dado que probablemente fueron omisos cuando Noemí, la mamá de Fernandito, denunció que su hijo fue secuestrado por el grupo de prestamistas a quienes les debía mil pesos.

Según lo narrado por la mamá, el domingo tres de agosto, acudió al Centro de Justicia, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a acusar que dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo.

La advertencia del rapto de su hijo fue ante un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, quien lo informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento.

Ese funcionario únicamente respondió: “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y también le señaló que si Noemí no tenía deseo esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.

Tras el rechazo, la madre de Fernandito optó por retirarse retiró y se presentó al día siguiente a presentar su denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de La Paz.

Hasta ese momento se inició investigación por el delito de privación de la libertad y elementos de la Fiscalía, en coordinación con Policía Municipal de Género acudieron al domicilio de los prestamistas Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, donde al arribar se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas en el patio de la vecindad y al revisarlos, encontraron el cuerpo de Fernandito sin vida y en estado de descomposición.

En entrevista ministerial, Noemí narró que su hijo fue secuestrado desde el 28 de julio. Ese informe, junto con los dictámenes periciales realizados a los restos de Fernandito, integran las indagatorias que la Fiscalía realiza para determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido servidores públicos al negar el servicio a su mamá, quien manifestaba que le habían quitado a su hijo.

Las omisiones de los servidores públicos de la Fiscalía habrían incurrido en dilación institucional, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva.

Como primera sanción, el Agente del Ministerio Público que el tres de agosto rechazó la denuncia de Noemí y la dirigió a la agencia del Ministerio Público de Género, fue cesado de sus funciones y enfrentará responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes.

De igual manera, una Agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la Fiscalía para que se determine si tuvo alguna conducta que afectara los derechos de Noemí.

En tanto, la FGJEM no descarta que la investigación se amplíe a otros servidores públicos.

Presiones de autoridades en el caso

La familia de Fernandito, su madre y su defensa, acusaron que policías municipales del Gobierno de La Paz los amenazaron para que abandonaran el caso y que Noemí, la mamá, desistiera de la asesoría de la abogada Fabiola Villa y su equipo, quienes avanzaron en la integración de la carpeta de investigación por la muerte del menor.

Durante la audiencia de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de persona en contra de Carlos “N”, Lilia “N’ y Ana Lilia “N”, celebrada el 11 de agosto, Noemí cesó a su defensa y pidió que una persona de nombre Rogelio, quien labora en el municipio de La Paz, la represente en el juicio, hecho que desconcertó a sus familiares, lo que abrió paso a señalamientos de presiones y amenazas en contra de la madre.

Noemí, así como Fabiola Villa, narraron que en uno de los recesos de esa audiencia, el juez se acercó a la mamá — quien se encontraba en una sala para testigos protegidos — y la cuestionó si alguna persona la presionó para no continuar con la protección de su abogada, lo que aceptó la policía que la resguardaba en el litigio.

Noemí mencionó la manera en la que fue coaccionada para revocar a la defensa de la activista Fabiola Villa: “Yo cambié a mis abogados porque recibí amenazas de los policías, que si yo no los quitaba, me iba a pasar algo o a mi familia, tengo miedo que a mis hermanos les pase algo”.

En ese momento, explicaron, las agentes que la resguardaban aceptaron que los policías de La Paz — a los que se le ordenó que resguardaran a la mujer en el traslado de las audiencias — la obligaron a ejecutar esa renuncia.

Diputados de Morena exigen remoción de fiscal Edomex

El diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México, informó que interpuso un recurso constitucional para iniciar un juicio político contra José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); además, llamó al Congreso mexiquense a discutir su desempeño y, si los resultados no son buenos, proceder a su destitución.

Lo anterior, al hacer un recuento sobre hechos que consideró fallas en la procuración de justicia en la entidad, particularmente tras el caso de Fernandito,

​“¿Qué más nos falta ver para que discutamos en este Congreso la destitución del fiscal general José Luis Cervantes, por la incapacidad para conducir la misma?”, reprochó el legislador.

​El legislador también destacó que, luego de tres años y medio de ocupar el cargo, es evidente que no hay resultados, pero sí omisiones por parte del fiscal general.