Ejidatarios en Guerrero piden a Sheinbaum la instalación de una base de operaciones, tras ataques

Ejidatarios de la sierra de Coyuca de Catalán solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la instalación de una Base de Operaciones Mixta (BOM) con personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, tras los ataques armados que ha padecido la población en los últimos días.

Además, solicitaron de manera urgente víveres y medicamentos, debido a que los caminos se encuentran bloqueados por presuntos criminales.

La solicitud la realizaron mediante un oficio escrito a mano, firmado y sellado por Saúl García García, presidente del Consejo de Vigilancia y Áreas Protegidas del Ejido Río de los Fresnos y Anexos del municipio de Coyuca de Catalán.

Aseguraron que son 3 mil pobladores afectados por la violencia criminal de los ejidos Balcón de la Bandera, Soledad de la Palma, Río Frío de los Fresnos y Carrizal, ubicados en la zona serrana de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.

En conjunto, afirma la autoridad, poseen cerca de 25 mil hectáreas dedicadas voluntariamente a la conservación de la naturaleza y la fauna.

“Pedimos una base mixta en Puerto de las Ollas para que nos brinde seguridad a los cuatro ejidos que somos los afectados”.

Relataron que el domingo 8 de junio y lunes 9 fueron atacados a balazos con armas de alto poder, bombas y drones.

“No cesaban de atacar, quemando casas con mujeres y niños adentro y saqueando la comunidad”, señala.

También pidieron al gobierno federal y estatal el envío de víveres y medicamentos porque les tienen cerrados los caminos.

“El que baja por víveres le quitan el carro o cuatrimoto y lo matan. En El Nogal asesinaron violentamente a un joven trabajador que andaba con sus vacas.

“Pedimos la atención por parte del gobierno federal y estatal para que nos dejen esta Base (de Operaciones) Mixta para el resguardo de las familias del Balcón que han sido desalojados”.

La población de Puerto de las Ollas fue atacada, de acuerdo con pobladores, por supuestos integrantes de la organización criminal conocida como La familia michoacana.

En el mismo contexto, el miércoles 4 de junio, criminales irrumpieron en Vallecitos de Zaragoza y Zihuaquio. Ambos poblados se ubican en la sierra en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente.

En la zona no hay energía eléctrica y las escuelas se mantienen cerradas.

El martes 10 del presente mes, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo aseguraron que desde la semana pasada fue enviado personal de la GN y del Ejército a la zona.

En Puerto de las Ollas, donde la población se mantiene aterrorizada, llegaron dos patrullas del Ejército y dos de la GN, pero el mismo martes les advirtieron a los pobladores que se retirarían de la zona por presuntas amenazas de integrantes del crimen organizado.

Magistrados rechazados en las urnas controlarán el manejo financiero y administrativo del Poder Judicial en Veracruz

Aunque fueron rechazados por la ciudadanía en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, tres magistrados que obtuvieron una votación mínima han sido designados para integrar el órgano que administrará los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Esta incongruencia ha generado críticas por contradecir el sentido democrático que se buscaba imprimir con la consulta ciudadana para renovar el sistema judicial.
❗ Un blindaje institucional: juez y parte

Diversas voces críticas dentro del sistema judicial han señalado que la conformación de este órgano busca condicionar desde el primer día la gestión de la nueva presidenta del Poder Judicial, quien asumirá en septiembre. Al dejar al mando de los recursos a funcionarios que ya han manejado la administración interna —y que además fueron rechazados por la ciudadanía— se impide que la nueva titular pueda auditar o corregir las posibles irregularidades heredadas.

En otras palabras, los mismos operadores que podrían ser señalados por mal uso de los recursos públicos, son ahora los encargados de supervisar y controlar esa misma administración: serían juez y parte. Este diseño institucional representa un claro intento de blindar al grupo saliente y cubrir el presunto saqueo en el Poder Judicial.

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