Los campesinos han logrado la intermediación de Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Congreso y de diputados del PT en la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la que la interlocución ha sido rasposa. “Vamos a impulsar la comunicación con Segob pero con la intervención de los diputados y la anuencia de Monreal: van a ser mediadores”, ha dicho Eraclio Rodríguez, el dirigente del Frente y exdiputado federal del PT. Los inconformes han conseguido la instalación de mesas de trabajo con legisladores para analizar los posibles cambios a la ley de aguas. Mientras, los líderes parlamentarios restablecen en las siguientes horas el puente de comunicación con Gobernación y se instalan como árbitros de la negociación. Con el frente de los transportistas, el Gobierno se ha comprometido a agendar una reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para revisar la estrategia para frenar los asaltos a operadores de camiones de carga y de transporte. La moneda de cambio es que una vez que se retome la mesa de diálogo entre los líderes campesinos y las autoridades, se disolverán los bloqueos en todo el país.

Entre los cambios que legisladores del bloque mayoritario han adelantado a este diario se encuentran ajustes a las concesiones para el uso del agua. De acuerdo con la redacción original, ya no podían ser transmitidas entre particulares y tenían que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las pueda reasignar. Los campesinos consultados rechazan este punto ya que les imposibilitará heredar o vender sus tierras: sin el permiso para uso del agua, acotan, los terrenos no tienen valor. Esto, consideran, viola sus derechos humanos y los derechos ganados durante décadas. Por eso, las modificaciones a la ley de agua son un punto clave en la mesa de negociación en una escena de tensión, a raíz de las declaraciones de la secretaria de Gobernación.

Las palabras de Rodríguez a inicio de semana atizaron el fuego y tocaron terreno rocoso con los agricultores, cuando la secretaria de Estado descalificó las protestas diciendo que tenían tintes políticos y afirmando que se han abierto “carpetas de investigación” a los líderes. Sheinbaum fue empujada, entonces, a fungir de nuevo como cortafuegos. Al día siguiente, sostuvo que las declaraciones fueron mal interpretadas y desmintió que existan carpetas de investigación contra los grupos de transportistas y agricultores que mantienen bloqueos. La mandataria afirmó que su Administración no persigue a nadie por manifestarse, incluso cuando estas acciones puedan considerarse un delito en términos legales.