Sheinbaum firmará acuerdo con harineras y tortillerías para que no suba el precio

El convenio tiene como objetivo central disminuir el número de intermediarios entre los productores de maíz y los procesadores, con el fin de contener los costos finales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció en su conferencia mañanera la firma de común acuerdo entre empresas harineras de maíz y asociaciones de tortillerías para evitar un aumento en el precio de este alimento.

De acuerdo a lo expuesto desde Palacio Nacional, el convenio tiene como objetivo central disminuir el número de intermediarios entre los productores de maíz y los procesadores, con el fin de contener los costos finales de la tortilla.

 

Hoy vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y las asociaciones de tortillerías, en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que haya menos intermediarios entre el que vende maíz y el que lo procesa y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo que, muchas veces, es el que causa el aumento del precio de la tortilla”, indicó.

Además del acuerdo con el sector industrial, la presidenta informó que, a través del programa de tiendas del bienestar, se desarrollan acciones específicas en las zonas del país con mayores niveles de pobreza para reducir aún más el precio de la tortilla. Esta estrategia se centrará en garantizar el acceso a alimentos básicos a menores costos en comunidades vulnerables.

¿En qué tortillerías se verá reflejado?

De acuerdo a lo señalado por la jefa de Estado, el acuerdo incluye la tortilla, tanto la que se compra en las tiendas de autoservicio como la que expenden las tortillerías comunes y corrientes en todo el país.

Por ejemplo, el pasado 9 de junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio nacional era de 23.87 pesos. En Tlaxcala, la dependencia encontró el precio más bajo, con 19 pesos el kilo, y el más caro lo halló en La Paz, Baja California Sur, en 28 pesos.

Magistrados rechazados en las urnas controlarán el manejo financiero y administrativo del Poder Judicial en Veracruz

Aunque fueron rechazados por la ciudadanía en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, tres magistrados que obtuvieron una votación mínima han sido designados para integrar el órgano que administrará los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Esta incongruencia ha generado críticas por contradecir el sentido democrático que se buscaba imprimir con la consulta ciudadana para renovar el sistema judicial.
❗ Un blindaje institucional: juez y parte

Diversas voces críticas dentro del sistema judicial han señalado que la conformación de este órgano busca condicionar desde el primer día la gestión de la nueva presidenta del Poder Judicial, quien asumirá en septiembre. Al dejar al mando de los recursos a funcionarios que ya han manejado la administración interna —y que además fueron rechazados por la ciudadanía— se impide que la nueva titular pueda auditar o corregir las posibles irregularidades heredadas.

En otras palabras, los mismos operadores que podrían ser señalados por mal uso de los recursos públicos, son ahora los encargados de supervisar y controlar esa misma administración: serían juez y parte. Este diseño institucional representa un claro intento de blindar al grupo saliente y cubrir el presunto saqueo en el Poder Judicial.

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