La detención de dos hombres que conducían a alta velocidad una patrulla en el municipio de Huejutla ha tomado un nuevo rumbo. El ayuntamiento de Jaltocán ha aclarado que los individuos involucrados no son extraños, sino que son funcionarios públicos de dicha localidad. Los detenidos, identificados como Francisco Isaías L. H. y José Iván G. H., ocupan los cargos de Auxiliar de Parque Vehicular y Auxiliar de Protección Civil, respectivamente.

Según la versión del ayuntamiento de Jaltocán, los dos funcionarios habían sido comisionados para trasladar la unidad a un taller mecánico en Huejutla. La razón del traslado era una revisión necesaria para cumplir con el trámite de verificación vehicular anual en los próximos días. El ayuntamiento sostiene que todo se debió a una confusión y que las acciones de los empleados no buscaban ningún fin ilícito.

Esta versión contradice el primer informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH). En su comunicado inicial, la SSPH había detallado que los detenidos no pudieron acreditar la posesión ni justificar el uso del vehículo.

La patrulla estaba completamente balizada y equipada, lo que generó la sospecha de que se trataba de un caso de usurpación de funciones. La SSP de Hidalgo los puso a disposición del Ministerio Público por este motivo.

El ayuntamiento de Jaltocán ha hecho un llamado a la población para que no se deje llevar por notas que califica de «amarillistas». El comunicado del municipio asegura que estas publicaciones buscan dañar la imagen de los funcionarios.

Ante este panorama, la discrepancia entre las dos versiones es clara. Por un lado, la SSPH actuó bajo la presunción de un delito grave, basándose en la falta de documentación y justificación por parte de los ocupantes. Por otro lado, el ayuntamiento de Jaltocán presenta una explicación que, de ser cierta, significaría que la detención fue producto de un malentendido o una falla en la comunicación entre los funcionarios y las autoridades.

Ahora, la carga de la prueba recae en los funcionarios detenidos y en el propio ayuntamiento, que deberán presentar las evidencias que respalden su versión.

La investigación continuará para determinar si la detención fue por un delito genuino o si, como afirma el ayuntamiento, se trató de una simple confusión. La resolución del caso dependerá de las pruebas presentadas y de la conclusión a la que llegue el Ministerio Público, que será el encargado de determinar la veracidad de cada versión.