María del Carmen Morales, integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, buscaba a su otro hijo desaparecido en febrero del 2024
María del Carmen Morales, madre buscadora, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales fueron asesinados la madrugada de este jueves 24 de abril en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
La mujer era parte del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, mismo que dio a conocer el hecho, y buscaba a su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales, desaparecido desde el 27 de febrero de 2024 en el mismo municipio.
Ante esta situación, el colectivo exigió una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer los hechos y detener a los responsables, así como justicia, tanto para las víctimas de homicidio como para el joven que continúa desaparecido.
“No más violencia ni impunidad en el estado de Jalisco. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia”, señala el comunicado.
De igual manera hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que “ejerza presión sobre el estado”, gobernado por Pablo Lemus, para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas
Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dijo que un familiar de María del Carmen le informó que había recibido amenazas.
Hace unas semanas, el 3 de abril, Teresa González Murillo, buscadora del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y comerciante de comida, murió tras resultar herida por disparos en una agresión en su hogar el pasado jueves 27 de marzo.
Entre enero y marzo de este año se han registrado 364 homicidios dolosos en la entidad, según datos del gobierno federal.
El asesinato de María del Carmen Morales y de su hijo se suma a los 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en el país en los últimos 15 años
Jalisco vive una crisis de desapariciones y es el estado con más casos, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Búsqueda en la entidad hay 15 mil 170 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
Durante esta semana, colectivos de búsqueda mantienen mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación en las que laboran de manera conjunta sobre las iniciativas de ley en la materia que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.
“Un grave mensaje de represalia para otros colectivos”
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo suspendió las actividades de búsqueda de campo y reuniones con el gobierno federal tras el asesinato de la madre buscadora, María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel, ya que representan un grave mensaje de represalia para otros colectivos del país cuyos familiares no cuentan con esquemas de protección para su seguridad personal por parte del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales.
En un comunicado, precisó que este doble homicidio se presenta en un contexto de negación a la verdad por parte del Gobierno Federal respecto a la denuncia realizada por el Colectivo Guerreros Buscadores sobre el campo de exterminio localizado en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que también operaba como centro de reclusión forzada para hombres y mujeres, especialmente jóvenes.
“Cualquier analista de riesgo podría advertir que esto pasaría con integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores a manera de represalia y no hicieron nada para prevenirlo, por el contrario, lanzaron campañas de criminalización mediante redes sociales y medios afines al gobierno intentando minimizar lo ocurrido en ese rancho criminal”, explicó Raymundo Ramos, presidente del Comité.
En ese sentido, el Comité no realizará búsquedas y reuniones hasta que se ofrezcan medidas de protección integrantes de colectivos de Nuevo Laredo del “Caso Tamaulipas”, cuyos familiares fueron víctimas de desapariciones forzadas por integrantes de la Marina entre febrero y mayo del 2018.
“Familiares de víctimas de la Marina tenían programada una reunión para el próximo martes 29 de abril con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación de delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) en las oficinas centrales de la Ciudad de México, pero estas autoridades no les han proporcionado ningún esquema de protección para su traslado desde la frontera de Nuevo Laredo, por lo que acordaron posponer dicho encuentro”, señaló el comunicado.
Entre las víctimas de la Marina que este mes de abril cumplen siete años exigiendo justicia se encuentran el menor José Eugenio Hernández Romero y Silvia Miroslava García Macías, localizados sin vida por sus familiares, así como Markz Moreno Salas e Israel Jiménez Palacios, quienes siguen desaparecidos junto a otras 21 personas más.
