Descubren un total de 32 cuerpos en fosa clandestina de Irapuato

Autoridades locales localizaron los restos mortales de por lo menos 32 personas en un predio de la ciudad guanajuatense.

Tras días de especulaciones e información no confirmada, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que suman 32 los cuerpos exhumados de la fosa clandestina hallada en una finca abandonada ubicada en la zona conurbada de la comunidad La Calera, perteneciente al municipio de Irapuato.

La dependencia emitió un comunicado sobre los restos encontrados al norte de la ciudad de Irapuato, a unos 7 kilómetros de la cabecera municipal. La búsqueda y exhumación de cuerpos inició el pasado 30 de julio y concluyó el 2 de agosto.

«La Fiscalía General del Estado informa de manera clara y respetuosa que, contrario a lo que se ha difundido de forma imprecisa, el resultado oficial y verificado hasta este momento es la localización de 32 personas sin vida.

«Esta labor ha sido posible gracias al trabajo técnico y especializado del equipo forense, particularmente de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, perteneciente a los Servicios de Investigación Científica», precisó.

Las autoridades siguieron de cerca los trabajos de exhumación. Foto: Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Exhiben pruebas de la exhumación de los cuerpos

La Fiscalía compartió un video y fotografías de los trabajos periciales, en los que se confirmó que se recuperaron restos humanos en condiciones fragmentadas y complejas, lo que exigió la observancia de procesos forenses minuciosos y de alta complejidad.

Se informó que cada fragmento localizado es analizado en laboratorio a partir de disciplinas tales como genética, antropología, odontología forense, entre otras, lo que requiere varios días de análisis para poder garantizar resultados certeros, verificados y responsables.

«La debida identificación de las personas constituye un compromiso moral que no se mira de soslayo en nuestra Fiscalía. Este trabajo no es inmediato, ni se trata de un conteo superficial, sino de una reconstrucción científica para asegurar verdad, dignidad y certeza a las familias. A la par, se lleva a cabo la notificación oficial de alto impacto a sus seres queridos y los procedimientos de entrega digna, en apego a los principios de humanismo, legalidad y acompañamiento institucional», citó.

Las labores en el predio concluyeron el pasado 2 de agosto. Foto: Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Niegan cifras reveladas de forma extraoficial

De forma extraoficial, algunas fuentes reportaron el hallazgo de 50 cuerpos, pero la dependencia reiteró que toda la información que comunica está sustentada en dictámenes periciales concluyentes y bajo lineamientos del debido proceso.

Además, se informó que el hallazgo no fue producto del azar, sino del resultado de una investigación estratégica que incluyó actos de investigación previos análisis de inteligencia y trabajo coordinado.

La FGE informó que las investigaciones continúan con el objetivo de lograr la plena identificación de todas las personas localizadas, esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten penalmente responsables.

Magistrados rechazados en las urnas controlarán el manejo financiero y administrativo del Poder Judicial en Veracruz

Aunque fueron rechazados por la ciudadanía en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, tres magistrados que obtuvieron una votación mínima han sido designados para integrar el órgano que administrará los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Esta incongruencia ha generado críticas por contradecir el sentido democrático que se buscaba imprimir con la consulta ciudadana para renovar el sistema judicial.
❗ Un blindaje institucional: juez y parte

Diversas voces críticas dentro del sistema judicial han señalado que la conformación de este órgano busca condicionar desde el primer día la gestión de la nueva presidenta del Poder Judicial, quien asumirá en septiembre. Al dejar al mando de los recursos a funcionarios que ya han manejado la administración interna —y que además fueron rechazados por la ciudadanía— se impide que la nueva titular pueda auditar o corregir las posibles irregularidades heredadas.

En otras palabras, los mismos operadores que podrían ser señalados por mal uso de los recursos públicos, son ahora los encargados de supervisar y controlar esa misma administración: serían juez y parte. Este diseño institucional representa un claro intento de blindar al grupo saliente y cubrir el presunto saqueo en el Poder Judicial.

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