Seis años después de los hechos, un Tribunal de Enjuiciamiento en Nayarit dictó sentencia condenatoria de 17 años y 9 meses de prisión contra Germán “N”, Romualdo “N” y Fernando “N”, ex agentes de la Policía Municipal de San Blas, al acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas.

La decisión representa un precedente relevante en materia de derechos humanos y rendición de cuentas, al sancionar el uso indebido de la fuerza y la violencia policial cometida por servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

La agresión ocurrió en 2019 en la playa Las Islitas

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2019, cuando los tres ex policías acudieron a atender un reporte de violencia familiar en la playa Las Islitas, municipio de San Blas.

Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes ejercieron violencia física en contra de la víctima, abusando de su autoridad y del cargo que ostentaban. Posteriormente, trasladaron al ciudadano a la cárcel pública municipal, donde continuaron agrediéndolo físicamente.

La investigación documentó lesiones graves provocadas por los uniformados, así como el uso desproporcionado de la fuerza sin justificación legal. Estas pruebas fueron determinantes para que el Tribunal confirmara la culpabilidad de los acusados.

Pruebas contundentes y fallo judicial histórico

El Tribunal consideró los resultados de la investigación de la Fiscalía como elementos sólidos para emitir la sentencia condenatoria. Los testimonios, informes médicos y peritajes forenses demostraron que la víctima fue golpeada dentro y fuera de las instalaciones policiales, en un acto de tortura y abuso de poder.

En su resolución, el Tribunal subrayó que los agentes violaron los derechos fundamentales de la víctima, además de incumplir con los protocolos establecidos en materia de actuación policial y derechos humanos.

La decisión también busca enviar un mensaje claro contra la impunidad en los casos de violencia cometida por autoridades, reafirmando que ningún servidor público está por encima de la ley.

Multa, reparación del daño e inhabilitación permanente

Además de la condena de 17 años y 9 meses de prisión, los ex agentes deberán pagar una multa equivalente a 336 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y cubrir la reparación integral del daño a favor de la víctima.

El Tribunal ordenó su destitución definitiva de la corporación policial y su inhabilitación permanente para desempeñar cargos en cuerpos de seguridad pública, con el fin de evitar que vuelvan a ejercer funciones similares.

Asimismo, la sentencia deja a salvo los derechos de la víctima para que, en la etapa de ejecución, se cuantifiquen los gastos médicos, traslados, atención psicológica y pérdida de ingresos derivados de las lesiones.

Esta medida garantiza un enfoque integral de justicia, reconociendo no solo la sanción penal, sino también el daño físico, emocional y económico causado.

Justicia tardía pero ejemplar

Aunque el proceso judicial se prolongó por más de seis años, la resolución ha sido considerada por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos como un avance en la lucha contra la impunidad policial.

Casos como este reflejan los retos estructurales del sistema de justicia mexicano, donde las víctimas deben enfrentar largos procesos antes de obtener una sentencia definitiva. No obstante, el fallo marca un precedente importante en el combate a la violencia institucional y al abuso de autoridad.

Expertos coinciden en que este tipo de decisiones fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones y en la aplicación efectiva del Estado de derecho, al demostrar que la rendición de cuentas es posible incluso años después de los hechos.

La sentencia contra los tres ex policías de Nayarit representa un acto de justicia esperado por más de seis años. Con penas de prisión, multas económicas e inhabilitación permanente, el Tribunal reafirma que la tortura y el abuso de autoridad no pueden quedar impunes.

El caso de San Blas se convierte en un ejemplo de que las víctimas de violencia institucional pueden obtener justicia mediante un proceso legal sólido, y subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y transparencia dentro de las corporaciones policiales.

La justicia tardó, pero llegó. Y con ella, un mensaje contundente: el poder público debe ejercerse para proteger, no para violentar.