La Ley Antiextorsión se ha convertido en uno de los avances legislativos más relevantes para el sector productivo en México, ante el fuerte impacto que el delito de extorsión mantiene sobre miles de empresas y negocios familiares. La aprobación de este nuevo marco legal fue celebrada por la Concanaco Servytur México, que la considera un punto de inflexión para combatir una práctica criminal que frena el crecimiento económico, encarece productos y destruye la confianza en el país.

La organización destacó que la Ley Antiextorsión representa un “paso decisivo” para enfrentar una problemática que durante años ha afectado a unidades económicas de todos los tamaños. Bajo este nuevo enfoque, el Estado deberá fortalecer la persecución del delito, garantizar que se investigue de oficio y ofrecer herramientas efectivas para que los afectados puedan recibir apoyo sin exponerse a mayores riesgos.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre de Sttéfano, subrayó que la extorsión no solo es un problema jurídico o administrativo, sino un fenómeno que ha puesto en jaque la estabilidad de miles de negocios. Para él, la Ley Antiextorsión responde a una demanda histórica del sector, que ha operado bajo amenazas constantes y pérdidas económicas que comprometen la viabilidad de miles de familias.

Afirmó que la extorsión “cobra vidas, destruye confianza y encarece productos”, una realidad que el sector empresarial ha vivido de manera cotidiana. Por ello, celebró que el Estado finalmente adopte un mecanismo más sólido, con la capacidad de unificar criterios penales y cerrar espacios al crimen organizado, que en los últimos años ha encontrado en este delito una fuente recurrente de ingresos ilícitos.

Impacto económico y urgencia de la Ley Antiextorsión

De acuerdo con la ENVE 2024, en 2023 se registraron 739 mil casos de extorsión en unidades económicas en el país. La cifra refleja el enorme reto que enfrenta el Estado para frenar una práctica que afecta de manera directa al 88% de los micronegocios, con costos superiores a los 31 millones de pesos anuales. Estas cifras respaldan la urgencia de la Ley Antiextorsión, que busca evitar que negocios familiares y pequeñas empresas sigan siendo blanco de estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

La Concanaco insistió en que la extorsión en México no es un fenómeno aislado, sino una actividad impulsada directamente por el crimen organizado, capaz de frenar por completo la vida productiva del país. Las amenazas, cobros ilegales y presiones constantes terminan forzando el cierre de negocios, desplazando el comercio formal y provocando que miles de familias pierdan su fuente de ingresos.

Por ello, la aplicación efectiva de la Ley Antiextorsión no solo se traduce en justicia, sino en un acto de supervivencia para miles de emprendedores, comerciantes y empresarios que han visto comprometido su patrimonio.

La confederación pidió también fortalecer mecanismos de denuncia como el 089, reforzar protocolos para el bloqueo inmediato de líneas telefónicas y cuentas bancarias relacionadas con actos criminales, y aumentar la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Consideró que la articulación de estas medidas es clave para que la Ley Antiextorsión tenga un impacto real.

Ley Antiextorsión como compromiso de Estado

La Concanaco reconoció la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezadas por Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch. Para el organismo, el avance de la Ley Antiextorsión demuestra que el Estado ha asumido la responsabilidad de combatir un delito que por años se dejó crecer sin una estrategia integral.

A esto se suma el impulso legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde la reforma logró consenso tras años de acompañamiento con víctimas, así como de propuestas técnicas impulsadas desde las cámaras empresariales.

La confederación sostuvo que esta legislación responde al dolor de miles de negocios que fueron silenciados por temor. Subrayó que, desde la Concanaco Servytur y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, están listos para colaborar en la implementación territorial de la Ley Antiextorsión, aportar datos, desarrollar propuestas y consolidar compromisos que fortalezcan el combate a este delito en todo el país.

El organismo señaló que la colaboración entre gobierno, empresas y ciudadanía será esencial para que la Ley Antiextorsión avance de manera efectiva. Asimismo, insistió en que la extorsión debe ser combatida con herramientas tecnológicas, inteligencia financiera y operativos estratégicos que eviten que los grupos criminales sigan utilizando centros penitenciarios como centros de operación.

Para la Concanaco, la aprobación de la Ley Antiextorsión abre una oportunidad para transformar la manera en que el país enfrenta el crimen organizado y para proteger a quienes sostienen la economía local: los negocios familiares, microempresas y unidades económicas que día a día enfrentan desafíos para sobrevivir.

Un nuevo camino contra la extorsión

La aprobación de la Ley Antiextorsión ha creado expectativas positivas dentro del sector productivo. Representa un llamado urgente a fortalecer la colaboración entre autoridades y sociedad civil, pero también un recordatorio de que México enfrenta una problemática compleja cuya solución exige acciones inmediatas y contundentes.

Aunque la ley es un avance significativo, su éxito dependerá de cómo se implemente en los próximos meses. Las empresas esperan que el nuevo marco legal realmente inhiba la actividad criminal, reduzca las amenazas y garantice un entorno seguro para operar.

Con esto, la Ley Antiextorsión se perfila como un pilar indispensable para reconstruir la confianza y proteger la vida económica del país, un mensaje que el sector empresarial ha recibido con esperanza, pero también con la exigencia de resultados concretos.