En medio del intenso debate político que generó la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó una nueva ola de acusaciones de espionaje por parte de la oposición.
Desde Palacio Nacional, la mandataria fue tajante:
“No hay espionaje de ninguna manera. La derecha ha dicho que las leyes aprobadas tienen que ver con vigilancia y control político. Es falso”.
El origen de las acusaciones
Las críticas comenzaron en julio, cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas que integran esta ley, cuyo objetivo —según el Ejecutivo— es modernizar los mecanismos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano.
Sin embargo, opositores y organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que la norma podría abrir la puerta a prácticas de espionaje institucional bajo el argumento de “protección nacional”.
La respuesta presidencial: “Todo requiere orden judicial”
Sheinbaum aclaró que ningún acceso a datos personales o dispositivos móviles podrá hacerse sin autorización de un juez.
“El Centro de Inteligencia no puede usar información privada si no hay una orden judicial. Ni los teléfonos ni la CURP con datos biométricos se pueden consultar libremente”, explicó.
También adelantó que, con la creación de una nueva comisión de telecomunicaciones, se busca evitar que los chips telefónicos se adquieran sin identificación, una medida —dijo— “para prevenir delitos, no para espiar”.
Oposición acusa control político
El Partido Acción Nacional (PAN) ha calificado la reforma como una “ley de espionaje” que permitiría al gobierno vigilar a la ciudadanía y a la prensa crítica.
Sus legisladores anunciaron que buscarán impugnar la norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que vulnera derechos fundamentales como la privacidad y libertad de expresión.
En respuesta, la presidenta aseguró que las acusaciones son “infundadas” y que la ley busca fortalecer la soberanía nacional sin comprometer derechos humanos.
Organizaciones civiles en alerta
Por su parte, la R3D calificó la ley como un “retroceso en materia de derechos digitales”, al considerar que otorga un margen amplio de interpretación al Estado para solicitar información privada.
La organización advirtió que presentará acciones legales para que la Suprema Corte analice los riesgos de la legislación frente a los estándares internacionales de protección de datos personales.
Seguridad nacional o vigilancia masiva
El debate refleja un dilema que trasciende fronteras: ¿cómo equilibrar seguridad y privacidad en la era digital?
Mientras el gobierno sostiene que la ley busca proteger al país de amenazas tecnológicas y cibernéticas, expertos señalan que cualquier mal uso de la información podría convertirse en una herramienta de persecución política.
En el centro de la discusión permanece una pregunta clave: ¿puede el Estado fortalecer su inteligencia sin poner en riesgo la libertad ciudadana?
