Sin aviso formal, sin tiempo para empacar lo poco que tenían. Veintiún mujeres del penal de Pacho Viejo, Veracruz, fueron llevadas al centro penitenciario de mediana seguridad La Toma. No por un fallo judicial. Ellas dicen que fue castigo por no ceder al acoso sexual, por no pagar sobornos, por no callar.

¿Quién dio la orden? Según relataron a Excélsior varias internas, el responsable directo es Agustín Rodríguez González, subdirector de Seguridad y Custodia. Lo acusaron de acosarlas sexualmente, de exigir cuotas para permitir que trabajaran dentro del penal y de venderlas a otros internos como mercancía. A quien se negaba, la anotaba en la lista de traslado.

Diana Mejía, sentenciada por secuestro y con su caso en revisión, tenía un pequeño ingreso por la venta de ropa y su trabajo en un restaurante interno.

Relató que Rodríguez intentó someterla. No cedió. Fue trasladada. “Tengo un hijo con discapacidad y con lo que ganaba lo mantenía. Ahora, no tengo nada”, dijo.

¿POR QUÉ ELLAS?

Las mujeres seleccionadas comparten algo en común: eran económicamente activas dentro del penal. Vendían postres, cocinaban, bordaban, hacían camisetas. También comparten haber denunciado o resistido los tratos del subdirector.

Maribel López, con seis años en prisión, vendía comida. Rodríguez le exigía 500 pesos semanales por ese derecho. Cuando no pudo seguir pagando, discutieron. Poco después, la mandaron a Amatlán.

Alondra Rondón Ramírez, aún sin sentencia, usaba su ingreso para sostener un pequeño local de postres frente al penal. Según ella, debía pagar no solo al subdirector, sino también a dos internos –“Raya” y “Pericosa”– y a la vigilancia externa, que le exigía una cuota por llevar los productos a la tienda. Cuando ya no pudo pagar más, el subdirector la tocó. Ella denunció. Fue trasladada.

¿QUÉ PASA DENTRO DEL PENAL?

Las mujeres señalaron que no hay un sistema penitenciario: hay un sistema de cobros, favores, amenazas y represalias.

Internas como Marlén Reyna afirmaron que los negocios del penal dependen de la voluntad de los funcionarios. “Las que nos rebelamos, fuimos castigadas”, dijo. Muchas son madres solteras que sostienen a sus hijos desde adentro.

En el penal había maquilas, pequeños restaurantes, ventas de comida. Todo eso implicaba cuotas. Nieves Sánchez, de 26 años, sin sentencia y con apenas un año dos meses presa, dice que fue forzada a prostituirse por Rodríguez. “Cuando me negué, me mandó a La Toma”, narró.

CAMBIO DE DIRECTOR, MISMAS PRÁCTICAS

Hace apenas una semana, el director Enrique Álvarez Timoteo fue removido por señalamientos de venta de drogas y extorsión a través de 40 celulares activos en el penal.

Su lugar lo ocupa ahora Raúl López Ambriz. No hizo cambios estructurales. El subdirector sigue.

Ahora, las mujeres perdieron su espacio de trabajo y su forma de sostenerse. Muchas no tienen sentencia aún. En La Toma no hay las redes de soporte que habían construido.Las autoridades no han respondido públicamente a las denuncias. Las mujeres, desde el nuevo penal, siguen esperando que alguien escuche.