Han sacado a la luz un sistema que opera con escasa vigilancia y amplios márgenes de impunidad en municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
La promesa de recuperación se ha convertido, para muchas familias del sur de Veracruz, en una ruleta de riesgo, ya que internar a un hijo, hermano o pareja en un anexo ya no ofrece la certeza de atención médica ni de acompañamiento profesional; por el contrario, en numerosos casos ha derivado en violencia, abusos y hasta la muerte de personas bajo custodia.
Muertes al interior de centros de rehabilitación, motines, fugas, menores sometidos y señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado han sacado a la luz un sistema que opera con escasa vigilancia y amplios márgenes de impunidad en municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
Anexos certificados no están en el Sur
Aunque la operación de los anexos está regulada por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en la práctica la supervisión resulta insuficiente.
En Veracruz existen cerca de 300 centros registrados; sin embargo, solo cuatro cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que establece los requisitos mínimos de operación.
Un dato que agrava el panorama es que ninguno de estos centros certificados se localiza en municipios del sur del estado, región donde se concentra el mayor número de anexos y denuncias en al menos el año 2025.
¿Qué anexos sí cumplen la normativa?
De acuerdo con información oficial, los centros que sí cumplen con la normatividad son el:
- Centro Estatal contra las Adicciones Cúspide, en el puerto de Veracruz, que atiende a hombres y mujeres con programas de 42 días o seis meses.
- La Fundación Casa Nueva I.A.P., en Emiliano Zapata, con esquemas de cuatro y seis meses
- La Clínica de Tratamiento para Adictos en Recuperación (CTAR) del Cefereso número 5, en Villa Aldama, con acompañamiento de tres meses.
- En la modalidad de ayuda entre pares, la Comunidad Terapéutica Raíces A.C., ubicada en Orizaba.
Mientras que el resto de los anexos opera sin certificación, sin inspecciones constantes y sin garantías mínimas para las personas internadas, en esta lista no figura ningún centro de rehabilitación asentado en la zona sur.
Caso que encendió alertas en Coatzacoalcos
El primer episodio que encendió las alertas ocurrió en enero de 2025, cuando autoridades localizaron a un menor de edad esposado dentro del anexo “Guerrilleros de la Vida”, en la colonia Petrolera de Coatzacoalcos.
Durante la inspección se detectaron medicamentos caducados y sin prescripción médica.
Funcionarios de Salud Pública Municipal confirmaron que el lugar no cumplía con la normativa sanitaria y que, como la mayoría de los anexos de la ciudad, operaba sin certificación.
Febrero; motines y fugas
Un mes después, en febrero de 2025, la violencia interna se hizo evidente en el anexo “Hacienda Ojo de Agua” ubicado en la calle Bella Vista número 404, entre Vicente Guerrero y Nicolas Bravo en el Centro de Coatzacoalcos, donde una trifulca entre internos derivó en daños al inmueble y la salida forzada de varios jóvenes.
Noviembre: muerte bajo custodia
El 18 de noviembre, la crisis se profundizó con la muerte de un hombre de 47 años al interior del centro de rehabilitación “Martín Lancero”, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Cosoleacaque. El paciente había sido internado apenas un día antes.
De acuerdo con las primeras investigaciones, su estado de salud se habría complicado por la ingesta previa de sustancias. El fallecimiento obligó a la intervención de autoridades ministeriales y abrió una carpeta de investigación por posibles omisiones en la atención.
ANEXOS COMO FACHADA CRIMINAL
El caso más grave se registró a inicios de este 2026 en la congregación de Mundo Nuevo, en Coatzacoalcos, donde un supuesto centro de rehabilitación fue identificado por autoridades como presunto espacio de adiestramiento criminal.
Las investigaciones señalan que los internos eran sometidos a castigos físicos, encierros prolongados y tratos degradantes, y que el lugar habría operado como una extensión de estructuras delictivas, bajo la fachada de un anexo.
Dentro del operativo realizado por autoridades ministeriales lograron la detención de cinco personas, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial y permanecen en el Centro de Reinserción Social Duport Ostión (Cereso).
Días después, en Minatitlán, el anexo “Senderos de Guerra” fue escenario de otro hecho grave, ya que 13 internos, entre ellos un menor de edad, lograron escapar tras someter al personal y apoderarse de las llaves del centro. Las autoridades no descartaron que la fuga hubiera sido planeada, lo que evidenció la ausencia de protocolos de seguridad.
Un sistema que opera sin control
Los casos documentados no son hechos aislados, sino señales de un sistema que opera sin control, ya que mientras la demanda de atención por adicciones crece, en el sur de Veracruz no existe un solo centro certificado que garantice atención médica, protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Más allá de cateos o clausuras temporales, el reto sigue siendo estructural: supervisar, regular y garantizar que la rehabilitación no se convierta en una sentencia de riesgo o de muerte.
Pocas son las personas que se acercan a denunciar o presentar alguna queja ante la comisión de derechos humanos, ya que, al momento de dejar de estar privados de su libertad, buscan alejarse y desintoxicarse tanto del problema de consumo como de la presión vivida en dichos centros de rehabilitación.
Porque en el estado actual, el problema no es solo quién consume, sino quién permite que estos centros operen sin control.
Gritos de ayuda y testimonios
Del anexo “Sendero de Guerra”, en Minatitlán, se fugaron al menos 14 internos, dejando al descubierto un entorno marcado por el encierro forzado, la violencia sistemática y la ausencia de supervisión oficial.
El panorama se vuelve aún más grave con los testimonios de quienes aseguran haber sobrevivido a estos espacios. Tal es el caso de Endrick Macupa, de 21 años, cuya historia fue difundida a nivel nacional por el reportero de Milenio, Fluvio Martínez.
El joven relata que durante su estancia en el anexo Sendero de Guerra fue víctima de agresiones físicas y psicológicas constantes, prácticas que, asegura, forman parte del funcionamiento cotidiano del lugar.
“Ahí adentro te golpean con palos, con bates, te encadenan; la comida es mala y las condiciones son completamente insalubres”, narró Endrick, quien aún presenta lesiones permanentes que le dificultan caminar.
Además, señala que los centros operan en espacios reducidos, sin higiene ni atención especializada, lo que contradice cualquier objetivo real de rehabilitación.
Piden cuotas y apoyo que nunca les entregan
A esta situación se suma el cobro de cuotas económicas a los familiares, que oscilan entre 500 y mil pesos, presuntamente para la alimentación de los internos. Sin embargo, los alimentos —asegura— provienen de donaciones en mal estado.
“Les piden a los familiares despensas y dinero, pero lo que nos daban de comer estaba echado a perder”, denunció.
Aunque el anexo Sendero de Guerra fue clausurado tras un cateo realizado en 2014, reabrió años después en Minatitlán, funcionando dentro de una vivienda particular y limitando el acceso de los familiares, quienes no pueden ingresar de forma regular.
No obstante, vecinos de las zonas donde operan han denunciado gritos, golpes y personas amarradas, sin que, afirman, las autoridades actúen de manera efectiva.
“Se oyen los gritos pidiendo ayuda, los golpean y los tienen amarrados”, relató un vecino que solicitó mantener su identidad en reserva.
De acuerdo con la normatividad vigente, la mayoría de estos anexos carece de autorización conforme a la Ley General de Salud y no cumple con los lineamientos para la prevención y atención de las adicciones.
En el sur de Veracruz se calcula la existencia de más de 30 centros de rehabilitación, concentrados principalmente en Coatzacoalcos y Minatitlán. Muchos de ellos mantienen una imagen positiva en redes sociales, donde difunden supuestas actividades recreativas y testimonios de éxito.
