Por / Patricia García Barradas
Xalapa, Ver.- Integrantes del Barzón de Resistencia Civil informaron que lograron frenar dos procedimientos de embargo que afectaban directamente a pensiones del programa Bienestar, uno de los cuales permitió que una beneficiaria recuperara recursos que habían sido congelados por orden judicial.
En conferencia de prensa, la representante de la organización, Teresa Carbajal Vásquez, explicó que uno de los casos correspondía a una mujer a quien se le pretendía retener su pensión, medida que fue cancelada tras la intervención legal del Barzón.
En un segundo asunto, se consiguió que otra afectada identificada como Mirna, recuperara el dinero que había sido bloqueado en su cuenta bancaria, aunque el proceso judicial continúa abierto.
Carbajal Vásquez precisó que en este último caso se promovió un incidente de incompetencia, ya que la persona fue demandada en un distrito distinto al de su domicilio, lo cual contraviene criterios jurídicos que priorizan que los usuarios de servicios financieros sean juzgados en el lugar donde residen, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La activista subrayó que si bien se trata de dos resoluciones favorables, existen cientos de personas que enfrentan situaciones similares pero no se atreven a denunciar por miedo a represalias, presión social o amenazas a su seguridad.
Señaló que muchas familias no logran explicar que deudas originalmente pequeñas terminan convirtiéndose en montos impagables que alcanzan cifras desproporcionadas.
En ese contexto, recordó que la organización impulsa la llamada “Ley Myrna”, una iniciativa con la que buscan poner freno a prácticas de cobro que consideran desmedidas y deshumanizadas.
Indicó que han sostenido acercamientos con distintos legisladores y han enviado múltiples escritos al Congreso del Estado, aunque reconoció que el avance ha sido limitado y que el tema no ha logrado posicionarse como prioridad en la agenda pública.
Carbajal Vásquez advirtió que los fraudes y abusos financieros no se detendrán mientras no exista una regulación efectiva, especialmente en el sector no bancario como cajas de ahorro, financieras y casas de empeño.
Añadió que las normas vigentes son obsoletas y suelen operar en perjuicio de los usuarios, facilitando embargos y congelamientos de cuentas sin que las personas tengan oportunidad real de defenderse.
Alertó sobre una nueva modalidad de cobranza que se ampara en la legalidad, pero resulta devastadora para las familias, ya que mediante resoluciones judiciales se permite a las instituciones financieras bloquear salarios y pensiones de manera inmediata, dejando a los deudores sin recursos y obligándolos a negociar en condiciones desventajosas.
