Xalapa, Ver.- Marisol Contreras García, egresada de la carrera de Médico Cirujano y Partero del Centro de Estudios Tecnológicos Universitarios del Golfo (CETUG), con sede en Orizaba, llegó este lunes a la capital para solicitar el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle García ante la falta de gestión por parte de su universidad, que impide a ella y 57 compañeros realizar su internado de pregrado y titularse.
Originaria de una comunidad indígena del municipio de Ixhuatlancillo y perteneciente a la etnia náhuatl, Marisol explicó que tras cinco años de esfuerzo y sacrificios económicos por parte de su familia, la institución educativa en la que estudió no realizó el trámite de la Opinión Técnica Académica (OTA), documento indispensable emitido por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) adscrita a la Secretaría de Salud para acceder al internado médico obligatorio.
“El internado dura un año y sin la OTA no podemos hacerlo ni titularnos. La universidad tuvo cinco años para realizar el trámite, pero no lo hizo. Ahora nos ofrecen como única opción cambiarnos a una escuela en el Estado de México, pero no nos garantizan la revalidación completa de nuestras materias”, señaló la joven médico visiblemente consternada.
De acuerdo con su testimonio, la escuela de carácter privado está incorporada al Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo que brindó confianza a las y los estudiantes para inscribirse, sin imaginar que al final de la carrera enfrentarían esta grave omisión administrativa. Además, reveló que muchos padres de familia se enteraron del problema hasta después de haber pagado todos los costos de graduación, incluido el evento de quema de batas, que no se llevó a cabo.
Por su parte, Cecilia Contreras, hermana y tutora de Marisol, explicó que han acudido incluso a las oficinas del IPN en la Ciudad de México para confirmar la validez del RVOE (Registro de Validez Oficial de Estudios) de la universidad. Allí les confirmaron que CETUG está dado de alta, pero reconocieron que la institución debió gestionar con anticipación la OTA para permitir la continuidad académica de los alumnos.
“El problema es que nadie quiere hacerse responsable. La escuela dice que nos cambiemos a otra institución, pero al hacerlo, automáticamente se deslindan. Además, la Secretaría de Educación de Veracruz y de Salud tampoco han dado una respuesta clara. Todo este tiempo estuvimos pagando colegiaturas de hasta 9 mil pesos mensuales y ahora nuestros hijos están en el limbo”, dijo.
De los 58 egresados afectados, algunos ya optaron por cambiarse a la Universidad Isidro Fabela, en Toluca, pero otros como Marisol, no tienen los recursos para mudarse y volver a comenzar. “Yo trabajé por las tardes vendiendo plantas y artesanías con mis padres para poder estudiar. Mis papás no saben leer ni escribir, pero hicieron todo por apoyarme. No puedo darme por vencida ahora”, expresó.
Las familias preparan un oficio que entregarán personalmente a la gobernadora Rocío Nahle, con la esperanza de que Gobierno del Estado intervenga ante las instancias correspondientes para buscar una solución que permita a estos jóvenes ejercer la profesión para la que se formaron y por la cual hicieron grandes sacrificios.
Por/ Patricia Barradas
