Magistrado electo rechaza propuesta de revocar cargos ganados por varones

 

Xalapa, Ver.- El magistrado federal electo en materia mixta, Ángel Rosas Solano, criticó la iniciativa impulsada por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien propuso revocar magistraturas asignadas a hombres para otorgarlas a mujeres, bajo el argumento de que ellas obtuvieron más votos dentro del mismo proceso electoral.

Durante conferencia de prensa, Rosas Solano advirtió que dicha propuesta desconoce las reglas que rigieron la elección, ya que por primera vez se llevó a cabo bajo un esquema de paridad efectiva, hombres compitiendo contra hombres y mujeres contra mujeres. Según explicó, este modelo fue diseñado como una acción afirmativa para corregir el rezago histórico en la representación de mujeres en el Poder Judicial.

“Lo que ahora se plantea sería aplicar una segunda acción afirmativa fuera del marco legal, ya con la elección concluida, lo cual representa una alteración de los resultados que puede interpretarse como un fraude al electorado”, declaró el magistrado.

Recordó que él mismo enfrenta una impugnación promovida por dos mujeres que aseguran haber recibido más votos. Sin embargo, insistió en que tal comparación es improcedente, ya que cada género participó en contiendas separadas.

“Si quienes votaron por mí, más de 83 mil personas, hubieran sabido que al hacerlo también se pondría en riesgo la candidatura femenina de otra boleta, quizá habrían tomado una decisión distinta”, dijo.

Ante esta situación, varios de los magistrados electos que podrían verse afectados interpusieron el pasado 1 de agosto una consulta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las decisiones tomadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En los expedientes SUP-JDC-539/2025 y SUP-JIN-339/2025, la ponencia de la magistrada Soto Fregoso resolvió revocar algunas titularidades otorgadas a hombres para reasignarlas a mujeres de acuerdo con su interpretación, obtuvieron una mayor cantidad de votos.

Rosas Solano advirtió que esta resolución contradice el principio de paridad aplicado en la elección y podría generar desconfianza en futuros procesos. “Se manda un mensaje peligroso, los varones tendrán que pedir el voto sin que sus electores voten por una mujer, por temor a que eso afecte su resultado”, expresó.

El magistrado recordó que el proceso de selección consideró tanto la equidad de género como la alternancia prevista en el artículo 96 de la Constitución, se respetaron estos principios al asignar ocho magistraturas a mujeres y ocho a hombres, en diversas materias del ámbito judicial.

Finalmente, insistió en que modificar los resultados con criterios posteriores a la elección no sólo es jurídicamente cuestionable, sino que abre un precedente riesgoso para el respeto de las reglas democráticas.

Magistrados rechazados en las urnas controlarán el manejo financiero y administrativo del Poder Judicial en Veracruz

Aunque fueron rechazados por la ciudadanía en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, tres magistrados que obtuvieron una votación mínima han sido designados para integrar el órgano que administrará los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Esta incongruencia ha generado críticas por contradecir el sentido democrático que se buscaba imprimir con la consulta ciudadana para renovar el sistema judicial.
❗ Un blindaje institucional: juez y parte

Diversas voces críticas dentro del sistema judicial han señalado que la conformación de este órgano busca condicionar desde el primer día la gestión de la nueva presidenta del Poder Judicial, quien asumirá en septiembre. Al dejar al mando de los recursos a funcionarios que ya han manejado la administración interna —y que además fueron rechazados por la ciudadanía— se impide que la nueva titular pueda auditar o corregir las posibles irregularidades heredadas.

En otras palabras, los mismos operadores que podrían ser señalados por mal uso de los recursos públicos, son ahora los encargados de supervisar y controlar esa misma administración: serían juez y parte. Este diseño institucional representa un claro intento de blindar al grupo saliente y cubrir el presunto saqueo en el Poder Judicial.

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