Xalapa, Ver.- Este miércoles, la Red Universitaria por la Legalidad se manifestó en la explanada de la Rectoría de la Universidad Veracruzana en su rechazo a la prórroga de mandato del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, que extenderá su gestión del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.
Raúl Arias Lovillo, exrector de la UV, calificó la decisión como ilegal, aseguró que ni el rector ni la Junta de Gobierno cuentan con facultades para otorgar dicha extensión.
La decisión tomada por la Junta de Gobierno el pasado 23 de junio, ha generado críticas y movilizaciones por parte de sectores de la comunidad universitaria que consideran que la medida viola los estatutos de la institución.
«Hemos repetido hasta el cansancio que el rector no tiene ninguna atribución para solicitar la prórroga a la Junta de Gobierno, tampoco tiene ninguna atribución para otorgarla», señaló Arias Lovillo.
Además denunció amenazas al personal administrativo y estudiantes, algo que dijo “nunca había ocurrido en contra de universitarios” para lo cual no existen mecanismos claros de defensa.
Según la Red Universitaria por la Legalidad, la prórroga es ilegal por varios motivos:
La Junta de Gobierno no tiene atribuciones para otorgar prórroga a un rector, solo para designarlo tras la publicación de la convocatoria correspondiente (Artículo 4º de la Ley de Autonomía).
El rector no tiene atribuciones para solicitar la extensión de su período (Artículo 38 de la Ley Orgánica).
No se emitió la convocatoria prevista en el Artículo 8, fracción 1, inciso d) de la Ley de Autonomía, que establece el único procedimiento para designar rector/a.
La Junta interpretó leyes sobre las cuales no tiene competencia, como la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica, suplantando al Congreso del Estado al crear un procedimiento especial para procesar la solicitud de prórroga.
Las Leyes Orgánica y de Autonomía, así como el Reglamento de la Junta de Gobierno, no contemplan un procedimiento para prorrogar períodos rectorales, el “método” utilizado fue inventado.
Se violaron los derechos de la comunidad universitaria a conocer y analizar distintas propuestas y visiones de Universidad, imponiendo una sola visión.
También se vulneraron los derechos humanos y universitarios de las personas aspirantes a la rectoría.
La comunidad universitaria permanece dividida entre quienes apoyan la continuidad de Aguilar Sánchez y quienes consideran que la extensión de su mandato representa una violación a los estatutos y un déficit en la transparencia de los procesos internos.
