Xalapa, Ver.- Al término de la guardia de honor con motivo de las fiestas patrias, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, informó que las resoluciones relacionadas con el caso del sistema de videovigilancia en la entidad ya fueron emitidas por el tribunal y actualmente se encuentran en proceso de impugnación ante instancias federales.
Explicó que el TRIJAEV ya determinó las sanciones administrativas correspondientes, la resolución fue combatida y está en revisión en un tribunal colegiado.
“Estamos en espera de lo que resuelvan en el ámbito federal pero confiamos en que se confirme porque se hizo un trabajo muy completo tanto en la sala regional unitaria como en la sala superior”, señaló.
Entre las sanciones dictadas, Aguilar Jiménez precisó que se aplicaron inhabilitaciones por 20 años a exservidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, además de una acción resarcitoria por daño patrimonial.
Recordó que en el tribunal se ventilan responsabilidades administrativas y las denuncias de carácter penal corresponden a la Fiscalía.
La magistrada detalló que fueron cuatro los exfuncionarios sancionados y el expediente se encuentra concluido en el ámbito administrativo.
Sin embargo, indicó que también se dio vista al Órgano Interno de Control para que investigue si existen otros responsables, incluso por parte de la empresa que participó en el proyecto.
Respecto a las administraciones municipales, puntualizó que el tribunal mantiene procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite, tanto de la gestión saliente como de pasadas, pues las investigaciones se derivan de las actas de entrega-recepción y de irregularidades detectadas durante los ejercicios de gobierno.
Finalmente, Aguilar Jiménez recordó que el TRIJAEV trabaja con un presupuesto de 92 millones de pesos para este 2025, aunque desde años anteriores ha solicitado recursos adicionales para fortalecer sus funciones, especialmente en la operación de salas regionales y la implementación de medios alternativos de solución de controversias en materia administrativa.
