La creciente inseguridad en Veracruz ha comenzado a tener un impacto directo en el sistema educativo, al dejar comunidades sin maestros debido a que docentes han sido víctimas de robos, amenazas y atentados durante sus traslados, principalmente en zonas serranas, sin que existan mecanismos ágiles para garantizar su protección o reubicación.

Así lo advirtió el secretario general del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (Sirma), Tonatiuh Pérez Rangel, quien señaló que esta problemática ha rebasado no sólo la capacidad de las organizaciones sindicales, sino también la respuesta institucional.

INSEGURIDAD EN TRASLADOS OBLIGA A DOCENTES A DEJAR DE IR

El dirigente sindical explicó que si bien los docentes que se incorporan están obligados a aceptar plazas en comunidades alejadas, la ola de violencia que se vive en diversas regiones del estado ha provocado que muchos, en especial mujeres, opten por no acudir a sus centros de trabajo o incluso desistan de la contratación.

“La inseguridad ya rebasó la capacidad sindical e incluso la institucional; no hay forma de reacomodar a los compañeros y las vacantes se quedan sin cubrir por semanas o meses”, señaló.

El dirigente de Sirma detalló que el sindicato tiene presencia en todo el estado, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, y que, aunque la problemática es generalizada, los casos más graves se concentran en regiones serranas, donde los traslados implican recorridos largos por brechas de terracería y caminos de difícil acceso.

Además, indicó que en algunos casos los profesores han enfrentado hostigamiento dentro de las propias comunidades, situación que afecta principalmente a las maestras y agrava el riesgo de permanecer en esos centros de trabajo.

PROTOCOLOS DE LA SEV FRENAN SOLUCIONES

Pérez Rangel criticó los actuales protocolos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), los cuales exigen que los docentes presenten una denuncia ante la Fiscalía como requisito para solicitar cambios de adscripción o medidas de protección.

Explicó que este procedimiento se vuelve revictimízate, ya que en muchos casos las fiscalías se niegan a levantar el acta de hechos o no entregan la copia correspondiente, lo que retrasa los trámites y deja a los sindicatos sin elementos para intervenir.

“La Secretaría nos pide una denuncia que muchas veces la Fiscalía ni siquiera quiere levantar, y eso obliga a las compañeras a repetir su historia una y otra vez, hasta que terminan desistiendo”, afirmó.

El dirigente subrayó que esta situación no sólo afecta al sector educativo, sino también a trabajadores de salud y de otras dependencias que deben trasladarse a comunidades alejadas para prestar servicios, sin que existan garantías suficientes de seguridad pública en los caminos.