Patricia García Barradas
Xalapa, Ver.- La reciente validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite el bloqueo de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial ha encendido focos de alerta entre el sector empresarial, al considerar que vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia.
En entrevista, el presidente de Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández, advirtió que esta medida coloca tanto a empresarios como a ciudadanos en una situación de incertidumbre jurídica frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo con el representante de la cámara, el nuevo criterio permite que ante la sola sospecha de una operación irregular, la autoridad financiera pueda proceder al congelamiento de cuentas sin intervención previa de un juez, lo que elimina en la práctica la presunción de inocencia.
Blanco Hernández subrayó que este escenario obliga a extremar precauciones en todas las operaciones financieras, reconoció que más allá de la prevención, la disposición representa un riesgo significativo.
“Se trata de una situación delicada que deja en estado de indefensión a quienes podrían ser sujetos a estas medidas”, expresó.
Recordó que durante la discusión de esta reforma, el organismo empresarial ya había manifestado su desacuerdo y advertido sobre posibles consecuencias, mismas que ahora comienzan a materializarse con su validación por parte del máximo tribunal del país.
El representante empresarial reconoció que es necesario contar con herramientas para combatir actividades ilícitas, insistió en que deben existir contrapesos legales que eviten abusos de autoridad.
Señaló que mientras se realizan investigaciones, el aseguramiento de cuentas podría paralizar operaciones comerciales, afectando la continuidad de negocios.
En cuanto al impacto en la atracción de inversiones, consideró que la medida no frenará la llegada de capital al país, aunque sí generará un entorno en el que los empresarios deberán operar con mayor cautela y bajo una vigilancia más estricta por parte de las autoridades hacendarias.
