Del Río Virgen: el enemigo en casa

Lo de José Manuel del Río Virgen no es sorpresa. Es continuidad.

Su nombramiento dentro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados no cayó del cielo. Viene de una ruta clara, construida al amparo de Ricardo Monreal, quien lo ha sostenido desde el Senado hasta San Lázaro. No es una relación menor, es una alianza política que ha sabido incrustarse en espacios estratégicos.

Y ahí es donde el tema se vuelve delicado.

Porque no se trata solo de un funcionario más. Se trata de alguien con acceso a información de primer nivel en materia de fiscalización, que al mismo tiempo mantiene una abierta cercanía con Movimiento Ciudadano, partido en el que ha militado desde hace décadas, mientras opera también en la órbita de Morena.

Ese doble juego no es nuevo, pero sí peligroso.

Desde esa posición, Del Río Virgen no solo ha sido señalado como uno de los principales operadores de ataques políticos contra Veracruz, sino que su nombre ha estado envuelto en episodios que van más allá de la grilla. Su detención en 2021 por el caso del homicidio del candidato René Tovar marcó un antes y un después. Y aunque el proceso siguió su curso, las dudas no desaparecieron.

A eso se suman versiones persistentes en el norte del estado, particularmente en municipios como Papantla, Tuxpan, Poza Rica o Jáltipan, donde su nombre aparece una y otra vez ligado a dinámicas de poder que conviven con la delincuencia. No como operador directo, pero sí como un actor que entiende el terreno, accede a información sensible y sabe dónde presionar.

Casos como Nanchital, donde incluso candidaturas han tenido que caer por sus propias conexiones, terminan por confirmar que no se trata de hechos aislados, sino de una red de intereses que se mueve con discreción, pero con impacto real.

Mientras tanto, en Veracruz, la administración encabezada por Rocío Nahle García ha tenido que hacer frente no solo a los embates políticos, sino también a una realidad compleja en materia de seguridad. Las detenciones de células delictivas en distintas regiones del estado no son menores. Han sido golpes directos, constantes, que inevitablemente generan reacción.

Porque cada vez que el Estado aprieta, el crimen responde. Y en ese escenario, también se activan los intereses que buscan desestabilizar, golpear mediáticamente y generar percepción de caos.

Ahí es donde las piezas empiezan a acomodarse.

Porque no se puede ignorar que mientras se combate a estructuras delictivas, también existen actores con acceso a información privilegiada que pueden convertir esos datos en herramienta de presión política.

El riesgo no es menor.

Porque cuando alguien con ese nivel de acceso juega en varios bandos, el problema deja de ser una disputa partidista y se convierte en una amenaza estructural.

Y entonces la pregunta ya no es incómoda… es urgente:
¿en manos de quién están hoy los órganos que deberían vigilar al poder?

Austeridad de discurso… sueldos de privilegio | En Veracruz hay algo que no cuadra.

Hoy muchos políticos se venden como “lo nuevo”, como la cara distinta de hacer gobierno. Pero llegando al poder, hacen lo mismo que los de enfrente: se suben el sueldo, se sirven primero y se olvidan de la realidad que prometieron cambiar. Mucho discurso de cambio… pero en la práctica, más de lo mismo.
Y no, no es percepción. Es la realidad.
Ahí está el alcalde de Nanchital, José Luis Pérez Salinas, reconociendo sin titubeos que gana 45 mil pesos a la quincena. El de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, con 90 mil pesos mensuales. Y en el sur, Jesús Uribe Esquivel, alcalde de Las Choapas, con cifras que rondan los 120 mil pesos mensuales.
Los tres, por cierto, emanados de Movimiento Ciudadano.

¿Austeridad? Solo en el discurso.
Pero que no se confíen pensando que esto es exclusivo de un partido.
Porque del otro lado tampoco es distinto.
Ahí está el caso de la alcaldesa de Poza Rica, Adanely Rodríguez, de Morena, con señalamientos que apuntan a ingresos superiores a los 120 mil pesos mensuales. Una cifra que, de confirmarse plenamente en la transparencia oficial, no solo rebasa cualquier lógica de austeridad, sino que evidencia que el problema es más amplio.
Y como ese caso, hay más. Solo es cosa de rascarle.
Porque cuando uno revisa con lupa, encuentra municipios con deudas, con servicios colapsados, con rezagos evidentes… pero con presidentes municipales cobrando como si gobernaran otra realidad.

Mientras eso sucede, la gobernadora Rocío Nahle ha impulsado una reestructura de la deuda estatal que logró reducirla de 119 mil millones a 62 mil millones de pesos, pagando pasivos como 30 mil millones al SAT y 14 mil millones al ISSSTE, además de generar ahorros por 2 mil 900 millones de pesos en intereses y liberar 4 mil 500 millones de pesos en participaciones federales.

Pero de poco sirve sanear las finanzas desde arriba… si abajo se siguen sirviendo con la cuchara grande.
Hoy la propia gobernadora pidió al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) meter orden en este tema, porque no solo va en contra de la ley, sino que golpea directamente las finanzas municipales, muchas ya arrastrando deudas heredadas mientras mantienen sueldos elevados.

No es un tema de partidos. Es un tema de perfil.
De una nueva generación de políticos que dominan el discurso, que saben pararse frente a una cámara, que hablan de cercanía y transformación… pero que no tienen oficio público. Políticos de saliva, pero no de responsabilidad.
Porque una cosa es ganar una elección… y otra muy distinta es saber gobernar.
Aquí no se trata de linchar. Se trata de poner sobre la mesa algo muy simple: la ley.

El artículo 127 de la Constitución es claro: ningún servidor público debe ganar más que quien encabeza el Ejecutivo. A eso se suman la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz y la Ley de Remuneraciones, que obligan a que los salarios sean proporcionales, transparentes y acordes a la situación financiera.

No es opcional. No es interpretativo. Es ley.
Entonces, ¿por qué siguen cobrando así? Porque pueden. Porque nadie les enseñó que el cargo no es un privilegio. Porque los cabildos lo validan y los controles llegan tarde.

Y porque, en muchos casos, llegaron al poder sin entender lo que implica administrarlo.
Eso es lo verdaderamente grave.
Porque más allá del monto, lo que queda en evidencia es la desconexión.

Es ver gobiernos municipales hablando de cambios o transformaciones mientras sus números dicen lo contrario. Es ver discursos bien armados… con prácticas viejas. Es ver promesas nuevas… con vicios de siempre.
No es solo un tema legal.
Es un tema de congruencia.
Y en Veracruz, hoy más que nunca, hace falta oficio. Porque administrar un municipio no es improvisar… ni aprovecharse.
Es asumir que el poder no es para servirse.
Aunque a muchos, claramente, se les haya olvidado.