Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- Las denuncias relacionadas con presuntos casos de despojo de inmuebles han registrado un incremento en la zona de Xalapa y municipios cercanos, en medio de señalamientos que apuntan a la operación de un llamado “cártel inmobiliario”, confirmó el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.
En entrevista, el funcionario estatal explicó que a partir de la difusión pública de los casos, se ha presentado un aumento en la atención a familias que buscan asesoría para defender, regularizar o recuperar propiedades que consideran en riesgo o ya habrían sido afectadas por posibles irregularidades.
Ahued Bardahuil precisó que muchos de los asuntos que llegan a las instancias gubernamentales tienen un trasfondo familiar, aunque eso no impide que sean revisados y canalizados para su debida orientación legal e institucional.
“Derivado de este escándalo hemos atendido a numerosas familias que solicitan orientación para la recuperación, la anotación o la defensa de sus propiedades cuando consideran que han sido agraviadas”, expuso.
De acuerdo con lo señalado, las personas que presentan este tipo de denuncias son canalizadas principalmente al Registro Público de la Propiedad, donde se da seguimiento a los procedimientos correspondientes para revisar la situación jurídica de los inmuebles.
Uno de los casos recientes involucra a dos adultos mayores de Coatepec, quienes denunciaron un presunto intento de despojo de sus propiedades.
Sobre este caso en particular, el secretario de Gobierno señaló que con la información preliminar, se trataría de un conflicto de carácter familiar, sin que ello descarte la revisión institucional del expediente.
Los denunciantes han sostenido públicamente que en Coatepec operaría una red dedicada al despojo de bienes inmuebles, presuntamente con la participación o complicidad de una notaría, lo que ha elevado la atención sobre este tipo de señalamientos en la región.
Ahued Bardahuil añadió que en caso de que las investigaciones o revisiones administrativas detecten irregularidades atribuibles a fedatarios públicos, el Gobierno del Estado cuenta con facultades para intervenir y proceder conforme a la ley.
