Xalapa, Ver.- Un total de 48 municipios veracruzanos ya entregaron al Congreso del Estado las actas de Cabildo con las que formalizan su intención de adherirse al esquema de rescate de la deuda de la bursatilización, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández.
El legislador señaló que los ayuntamientos conocen los tiempos establecidos para sumarse a este mecanismo financiero impulsado por el Gobierno del Estado, luego de que la gobernadora se reuniera con los 199 presidentes municipales que tienen los adeudos.
“Hasta ahorita van más de 48 actas que nos ha llegado”, aunque evitó profundizar sobre el esquema técnico y financiero que utilizará el estado para contratar el crédito y liquidar las obligaciones municipales, sostuvo que será el Poder Ejecutivo quien detalle el procedimiento.
No obstante, rechazó que el proyecto represente un “cheque en blanco” para el Congreso o para las finanzas estatales, al asegurar que la iniciativa fue analizada previamente y permitirá liberar a los municipios de una deuda que han venido pagando desde hace más de dos décadas.
En otro tema, el diputado confirmó que a partir de junio comenzarán a aplicarse descuentos salariales a legisladores faltistas del Congreso.
Explicó que las sanciones económicas se harán efectivas en la primera semana del próximo mes y corresponderán a las inasistencias acumuladas desde que se anunció la medida.
Hasta el momento son tres los diputados que serán sancionados, dos integrantes de Morena y un legislador del Partido Acción Nacional.
Aunque evitó mencionar nombres, indicó que los propios representantes populares conocen su situación y fueron notificados oficialmente sobre el fundamento legal de las medidas disciplinarias.
El presidente de la Jucopo agregó que también se revisa la situación de legisladores que abandonan las sesiones antes de concluirlas, tema que ya fue dialogado al interior de la Junta de Coordinación Política y con los grupos parlamentarios.
Sobre el destino de los recursos retenidos por descuentos, explicó que permanecerán dentro del Congreso del Estado y podrían utilizarse para cubrir adeudos laborales que fueron heredados de otras administraciones.
Reveló que recientemente el Poder Legislativo pagó cerca de tres millones de pesos por juicios laborales rezagados desde hace más de una década, incluyendo un caso que originalmente ascendía a 2 millones 400 mil pesos y que finalmente se negoció en un millón 700 mil pesos.
Indicó que desde el inicio de la actual Legislatura han sido reincorporadas alrededor de 13 personas despedidas en años anteriores como parte de la atención a conflictos laborales pendientes.
El legislador sostuvo que el Congreso del Estado continuará cubriendo los laudos conforme a derecho, ya que incumplir con estas resoluciones podría derivar en responsabilidades legales para las autoridades legislativas.
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