«No voy a permitir que me utilicen para dañar el movimiento al que pertenezco».
Con estas palabras, Rubén Rocha Moya anunció en un breve discurso televisado que ha dejado temporalmente el despacho del gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa desde hace cinco años, para «facilitar» las investigaciones sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El político mexicano, de 76 años y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que también pertenece la actual mandataria Claudia Sheinbaum— informó la noche del viernes que había solicitado al Congreso estatal una «licencia temporal».
La petición se produjo horas después de que la Fiscalía mexicana anunciara que investigaría los señalamientos emitidos el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó al mandatario regional y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con el cartel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín «El Chapo» Guzmán y su socio Ismael «El Mayo» Zambada.
La solicitud de licencia de Rocha fue aprobada por los diputados, quienes acto seguido juramentaron a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora temporal.
Tengo la conciencia tranquila»
En su mensaje, Rocha insistió en que las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York son «falsas y dolosas».
«A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente, porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia lo requieran», afirmó.
Sobre la licencia y sus implicaciones
La licencia concedida a Rocha es por «hasta 30 días», según informaron los medios. Durante este tiempo, la hasta ahora secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, lo sustituirá.
Si producto de las investigaciones judiciales la ausencia del mandatario se prolonga por más de 30 días, el Congreso regional deberá nombrar a un «gobernador interino», de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución del estado de Sinaloa.
Dado que el mandato de Rocha concluye en 2027, las posibilidades de convocar elecciones son remotas. En caso de declararse su falta definitiva, el Congreso elegirá por mayoría a su sustituto, quien deberá concluir el periodo, según establece el artículo 59 de la Constitución.
Rocha afirmó que al dejar temporalmente su cargo busca «facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación».
Con su separación, el político pierde el llamado «fuero», la inmunidad de la que gozan los gobernadores mientras ejercen sus funciones.
«Quien obtiene una licencia deja de ejercer la función; por tanto, puede ser detenida como cualquier persona», advirtió Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de México, a través de su cuenta X (antigua Twitter).
Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía mexicana no ha dado indicios de que piense solicitar arrestos dado que «no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia».
Las autoridades mexicanas sostienen que sus pares estadounidenses no les han enviado evidencias que soporten sus señalamientos contra Rocha ni ninguno de los otros nueve mencionados.
Rocha no es el único señalado que se ha separado de su cargo: también lo hizo el alcalde de Culiacán (Sinaloa), Juan de Dios Gámez, igualmente dirigente de Morena, según informaron medios locales.
En contraste, el senador Enrique Inzunza, también miembro del partido gobernante y otro de los acusados, declaró que continuará en sus funciones mientras se defiende de los señalamientos provenientes de EE.UU.
No obstante, el diario «El Universal» aseguró que los abogados del legisladores se han acercado al Departamento de Justicia para solicitar que su cliente sea considerado «testigo cooperante»; es decir, una persona que colabora con las autoridades en una investigación o proceso penal a cambio de algún beneficio legal, como una reducción de pena.
Inzunza fue secretario de Gobierno de Sinaloa, entre 2021 y 2024, bajo el gobierno de Rocha.
