La propuesta destaca un creciente problema de salud pública entre los menores de edad por el uso de cigarrillos electrónicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para castigar con hasta 8 años de cárcel a quienes compren, vendan o almacenen cigarrillo electrónicos y vapeadores.
La iniciativa, recibida por la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2025, tiene como objetivo armonizar la Ley General de Salud con la reforma constitucional publicada el 17 de enero de 2025. Dicha enmienda estableció la prohibición de la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, así como de drogas sintéticas como el fentanilo. El nuevo proyecto de ley proporciona el marco jurídico específico para hacer cumplir este mandato constitucional.
Para establecer el castigo, la reforma propone un nuevo tipo penal. Los castigos planteados se encuentran en la adición del artículo 456 Bis.
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Así, la sanción será de “uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” a quien adquiera, prepare, produzca, transporte con fines comerciales, almacene o venda cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.
Entre las justificaciones de la iniciativa, se citan los hallazgos de la Secretaría de Salud, que ha relacionado el uso de estos dispositivos con enfermedades respiratorias como EVALI (lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo), daños cardiovasculares y un mayor riesgo de cáncer.
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Además, la propuesta destaca un creciente problema de salud pública entre los menores de edad, con datos de 2022 que muestran que aproximadamente medio millón de adolescentes de entre 10 y 19 años utilizaron estos dispositivos.
