Custodiado por agentes federales, se convirtieron en cuestión de minutos en un símbolo de lo indiscriminado de la ofensiva contra los migrantes del presidente Donald Trump en Estados Unidos, y reabrieron el debate sobre el tratamiento que las autoridades dan a los menores en los centros de detención de extranjeros. Por ahora, un juez federal ha bloqueado su posible deportación para garantizar el debido proceso.

Si durante el primer mandato de Trump este fue un tema central —en especial la separación familiar y los centros de detención para menores en la frontera—, en el primer año de su segunda presidencia la cuestión del trato a los niños migrantes no se coló demasiado en el debate o en las protestas contra de la política del Gobierno republicano. Hasta ahora. A raíz del arresto del pequeño Liam y su padre en el Estado de Minnesota, las denuncias sobre la cantidad de menores en detención y las condiciones en las que se encuentran están en el centro de la polémica.

Según los limitados datos disponibles, recopilados por la plataforma Deportation Data Project, el ICE aplicó a 3.800 menores la detención migratoria junto a sus padres desde enero hasta octubre de 2025, incluyendo niños de uno o dos años. Según la información recogida por la misma fuente, más de 2.600 de esos niños fueron detenidos, como Liam Conejo, en el interior del país, un cambio de política importante, pues en el pasado los menores solían ser detenidos en la zona fronteriza tras cruzar. No hay datos públicos sobre la cantidad de menores actualmente en centros de detención de migrantes. No obstante, sí hay reportados más de 2.500 menores no acompañados bajo la tutela de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia encargada del cuidado de los niños migrantes que no tienen un responsable legal localizable.

Por otro lado, aunque el llamado Acuerdo Flores, un pacto judicial aprobado en 1997, requiere que los niños migrantes sean liberados en un máximo de 20 días, durante el segundo mandato de Trump muchos menores han pasado más tiempo en detención que el permitido por el citado acuerdo. En diciembre, un informe del propio ICE señaló que al menos unos 400 niños migrantes habían permanecido bajo custodia federal por más tiempo del establecido, algunos durante más de cinco meses. La agencia admitió que el problema era generalizado y atribuyó los retrasos a problemas de transporte, necesidades médicas y trámites legales.

Liam ya lleva siete días. El pasado 20 de enero, frente a la casa de su familia en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, el pequeño volvía de la escuela con su padre, Adrián Conejo Arias, cuando agentes del ICE lo sacaron del vehículo antes de que este se detuviera por completo. De acuerdo con las autoridades del distrito escolar, que informaron de la detención en un comunicado, el objetivo de los agentes era que el niño llamara a la puerta para que actuara como “carnada” o cebo, y así detener a otras personas dentro de la casa de su familia. “Liam es un estudiante inteligente. Es muy amable y cariñoso, y sus compañeros lo extrañan. Viene a clase todos los días y alegra el aula. Lo único que quiero es que regrese sano y salvo”, dijo la maestra de preescolar del pequeño.

Durante el operativo, un adulto de la casa se ofreció para cuidar a Liam, pero fue rechazado por los agentes. Después, tanto el padre como el niño fueron trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en la ciudad de Dilley, aproximadamente a una hora de San Antonio.

El pasado sábado, mientras Minneapolis quedaba conmocionada por la muerte de Alex Pretti por los disparos de los agentes migratorios de Trump, el caso de Liam provocó una protesta masiva dentro del centro de detención familiar de Dilley. El abogado de inmigración Eric Lee, testigo de los hechos, señaló que los detenidos se manifestaron coreando la palabra “libertad”. Asimismo, aseguró haber oído lo que parecían ser cientos de niños gritando y “saliendo de los dormitorios tras una valla metálica”.

El abogado, como se ha venido denunciando desde hace meses sobre los centros de detención de migrantes, calificó las condiciones en Dilley como deplorables. “Es un lugar horrible. El agua potable es pútrida y a menudo no se puede beber, y las comidas han llegado a contener insectos, tierra y escombros. Los guardias son tan duros como los de las instalaciones para adultos. Este no es un lugar donde querrías tener a tu hijo ni siquiera por 15 minutos”.

El Centro Residencial Familiar de Dilley, el mayor de su tipo en el país, fue construido en 2014 con capacidad para 2.400 personas. Fue cerrado en 2024, bajo la Administración del demócrata Joe Biden, y reabierto en marzo de 2025 tras un contrato entre el ICE, la empresa privada CoreCivic y la ciudad de Dilley, que se extiende hasta marzo de 2030.

Las condiciones en este recinto han generado múltiples denuncias. Leecia Welch, subdirectora de Litigios de la organización Children’s Rights, ha dicho al respecto que “los niños sufren pesadillas, pérdida de apetito y su salud empeora. Tienen poco que hacer y escasean los juguetes”. Agrega que los menores recluidos en la instalación “tienen hambre, falta de sueño, se aburren y se sienten desesperados. Las madres tienen que mendigar pañales, ver cómo sus hijos pierden peso y se deterioran por el estrés, y se encargan solas de gran parte de la crianza, ya que los padres están separados durante la noche y gran parte del día”.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió el operativo del 20 de enero argumentando que el ICE no se enfocó en el niño Liam, sino en su padre, quien, según la agencia, “huyó ante la presencia de los agentes”. “Después de realizar el arresto, mis agentes lo cuidaron, lo llevaron a comprar algo de comer a un restaurante con servicio para vehículos y pasaron horas asegurándose de que estuviera bien cuidado”, declaró al respecto el principal responsable del ICE en Minneapolis, Marcos Charles, contradiciendo otras versiones de los hechos.

El abogado del caso, Marc Prokosch, explicó que la familia Conejo se presentó ante funcionarios fronterizos en Texas en 2024 para pedir asilo a través de CBP One, una aplicación creada por la Administración de Biden para gestionar las citas de entrada por la frontera de forma ordenada, y que fue eliminada por Trump. “No son inmigrantes indocumentados”, insistió Prokosch. “Hicieron todo correctamente cuando llegaron. La familia está tramitando una solicitud de asilo, lo cual es legal”.

Desde el barrio de La Planada, en Quito, los abuelos y tíos de Liam también rechazan la versión oficial del Gobierno estadounidense. En declaraciones a medios locales ecuatorianos, Lucila Arias, abuela del niño, aseguró entre lágrimas que su hijo “nunca trató de huir” y se mantuvo tranquilo durante la detención. José Conejo, abuelo paterno, negó que su hijo tenga antecedentes penales en Ecuador o haya actuado de forma violenta, y explicó que la familia migró por razones económicas.