La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudirá este miércoles 27 de mayo al citatorio programado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.
Sin embargo, su abogado Roberto Gil Zuarth advirtió que presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables por presuntamente haber iniciado un procedimiento penal en contra de la gobernadora sin retirar previamente su fuero constitucional.
Su defensa explicó que el citatorio “no establece ninguna pregunta concreta ni solicita ninguna información”, sino que únicamente ordena la comparecencia personal de la mandataria estatal.
“El citatorio va a ser respondido y ella acudirá a responderlo en los términos en los que fue formulado”, indicó Gil Zuarth en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
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De acuerdo con el expanista, el documento contiene elementos contradictorios, ya que aunque Maru Campos fue citada en calidad de testigo, se invocan fundamentos legales con personas inculpadas.
“Eso implica que el Ministerio Público ha abierto un procedimiento penal en contra de un servidor público con fuero sin habérsele retirado éste previamente”, acusó.
Por esta razón, Gil Zuarth adelantó que en las próximas horas presentarán una denuncia penal con fundamento en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal, al considerar que la actuación de la autoridad federal viola el procedimiento constitucional requerido para investigar penalmente a una gobernadora en funciones.
¿Por qué la FGR no puede citar a comparecer a Maru Campos?
El abogado de Maru Campos afirmó que, para proceder penalmente contra un funcionario con fuero, primero debe existir una declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Congreso local.
“Un Ministerio Público con un mínimo grado de profesionalismo sabe perfectamente bien que no puede citar a comparecer a una gobernadora del estado en calidad de testigo o en calidad de imputada fuera del procedimiento constitucional”, dijo.
Asimismo, acusó que el citatorio tendría la intención de colocar a la mandataria en una situación jurídica vulnerable.
“Ese citatorio no viene fundado en la buena fe; tiene una clarísima intención de generar una trampa. ‘Venga usted en calidad de testigo, pero aquí adentro la puedo considerar inculpada’”, expresó.
Finalmente, Gil Zuarth insistió en que quien haya ordenado la apertura del procedimiento penal “tiene que ser investigado y pagar las consecuencias”.
