Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- El alcalde emecista de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano fue acusado de haber cometido un presunto fraude y el despojo de una vivienda a una familia, con quien había acordado una compra-venta.
Al respecto, el abogado Luis Antonio Burillo Arenas denunció públicamente que el inmueble ubicado en el fraccionamiento Residencial Las Cumbres en Xalapa, ya incluso fue ocupado por el edil de Movimiento Ciudadano, a pesar que no pagó el total del contrato de 3.5 millones de pesos.
De acuerdo con el denunciante, el edil únicamente cubrió un anticipo de 1.5 millones de pesos, posteriormente dejó de responder a cualquier intento de comunicación, aunque ya tomó posesión del inmueble.
Burillo Arenas explicó que la negociación comenzó en octubre del año pasado, cuando ambas partes firmaron una promesa de compraventa debidamente protocolizada ante notario.
Explicó que el acuerdo de compra-venta de la casa fue por 3.5 millones de pesos, de los cuales dio un enganche de 1.5 millones de pesos y dos pagos posteriores de un millón de pesos cada uno, programados para el 31 de diciembre del 2025 y el 28 de febrero de 2026.
El alcalde Ixtla Campuzano solo hizo el pago inicial y tras ocupar la casa no respondió llamadas, sin que haya liquidado el adeudo, haciendo uso de la misma.
Indicó que de acuerdo con la información proporcionada por el personal de vigilancia del fraccionamiento, el inmueble incluso ha sido remodelado y se encuentra habitado, situación que calificó como un grave perjuicio para el patrimonio familiar.
«Nosotros nunca entregamos las llaves ni autorizamos la posesión de la casa porque el pago total nunca se concluyó», sostuvo.
Ante estos hechos, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de iniciar procedimientos por las vías civil y penal con el propósito de rescindir el contrato de compraventa y recuperar la posesión del inmueble.
Precisó que en la denuncia se señala la posible comisión de los delitos de fraude y despojo, aclaró que será la autoridad ministerial la encargada de determinar la configuración jurídica de los hechos conforme avance la carpeta de investigación.
Burillo Arenas afirmó que uno de los aspectos que más le preocupa, el alcalde habría acudido a ocupar la vivienda acompañado de escoltas, situación que también fue expuesta dentro de la denuncia presentada.
Reveló que en uno de los acercamientos que sostuvo con el alcalde Roberto Ixtla, éste le propuso cubrir el adeudo mediante la asignación de obra pública, planteamiento que rechazó por considerar que podría representar un acto irregular.
«No soy contratista del ayuntamiento ni voy a trabajar para que me paguen mi propia casa, ese patrimonio es de mi familia y lo único que exigimos es que se respete el acuerdo firmado», expresó.
El denunciante insistió en que el conflicto corresponde a un acuerdo entre particulares, sin embargo, subrayó que el hecho de que una de las partes sea un servidor público no debe colocarlo por encima de la ley ni impedir que las autoridades actúen con imparcialidad.
Finalmente, confió en que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes sin que el cargo público del denunciado influya en el desarrollo del caso, reiteró que su familia busca recuperar un patrimonio construido durante años de trabajo.
