Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- Minutos antes de que el Congreso del Estado iniciara la sesión privada en la que se analizaría el juicio de procedencia en su contra, el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, arribó al recinto legislativo para comparecer ante los diputados y aseguró que enfrenta el proceso con tranquilidad, al insistir en que es inocente de los señalamientos que le atribuye la Fiscalía General del Estado.
El edil arribó al Palacio Legislativo acompañado por integrantes de su equipo y abogados, durante su ingreso evitó responder ampliamente a los cuestionamientos de los medios de comunicación, mientras sus acompañantes trataban de abrirle paso entre reporteros y fotógrafos.
A pesar de ello, el presidente municipal aseguró sentirse confiado ante la decisión que tomarían los diputados locales.
«Yo me siento contento, seguro de mí mismo y aquí estoy. Ustedes mismos han argumentado que me he ido, no me he ido. Aquí estoy», expresó.
Bravo Montero confirmó que sería él mismo quien expondría su defensa durante el procedimiento legislativo y rechazó sentir preocupación por una posible detención.
«No tengo temor porque no soy un delincuente. Yo soy un inocente», reiteró al ser cuestionado sobre la posibilidad de que pudiera ser detenido al concluir la sesión.
Al ser interrogado sobre quién integraba su defensa jurídica, respondió que acudió acompañado de su equipo de abogados, entre ellos Rodolfo Martínez Valdez, quien también fijó postura sobre el caso.
El litigante sostuvo que no existen elementos para acreditar una conducta ilegal por parte del alcalde y argumentó que el Ayuntamiento de Úrsulo Galván carece de policía municipal y de separos, por lo que la seguridad pública corresponde al Gobierno del Estado.
De acuerdo con su versión, ese hecho impide atribuirle responsabilidad directa por los acontecimientos que investiga la Fiscalía.
Señaló que con base en la información que obra en la carpeta de investigación, la persona presuntamente agraviada salió del domicilio donde habría estado en Úrsulo Galván y posteriormente recorrió varios kilómetros, además de realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes, lo que a decir de la defensa, demostraría que permanecía en libertad durante ese periodo.
El abogado indicó que cuentan con elementos suficientes para acreditar que el alcalde actuó dentro del marco legal y confió en que el Congreso resuelva a favor de su cliente.
Reconoció que existen recursos legales para combatir una eventual resolución adversa, entre ellos el juicio de amparo, afirmó que por ahora no contemplan esa posibilidad porque confían en las instituciones.
Advirtió que de aprobarse el desafuero sin sustento jurídico, se estaría afectando el funcionamiento democrático.
Respecto a una eventual detención del edil al salir del Congreso, evitó dar un comentario y únicamente respondió que guardarían silencio sobre ese escenario.
La sesión privada del Congreso del Estado también incluyó el análisis del juicio de procedencia solicitado contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, como parte de los procedimientos promovidos por la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la FGE, la solicitud de desafuero contra Bertín Bravo Montero se sustenta en presuntos elementos de prueba como videos, registros telefónicos, testimonios e inconsistencias en sus declaraciones, los cuales, según la investigación, lo vincularían con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López.
El procedimiento legislativo busca determinar si se le retira la inmunidad procesal para que pueda enfrentar las investigaciones correspondientes ante las autoridades judiciales.
