Desafuero no significa detención inmediata, señala abogado del alcalde de Ixhuatlán

Con la misma votación que en el caso del alcalde de Úrsulo Galván, el Pleno del Congreso del Estado avaló retirar el fuero al presidente municipal de Ixhuatlán, quien ahora podrá enfrentar el proceso legal correspondiente sin la protección constitucional.

Por Patricia Barradas

Xalapa, Ver.- A su salida del palacio legislativo, la defensa legal del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señaló que esperará la determinación del Congreso del Estado sobre el procedimiento de desafuero, en caso de ser necesario, analizarán acudir a instancias federales para defender al edil.

El abogado Julio César Rosas, integrante del equipo jurídico del presidente municipal, informó que durante la sesión del pleno legislativo la defensa tuvo oportunidad de exponer sus argumentos, mismos que fueron los mismos planteamientos presentados durante la audiencia de alegatos.

“Entramos a la sesión del pleno, la abogada y el grupo de abogados, ya expusimos nuestros argumentos reiterando lo mismo que hicimos en la audiencia pasada. Estamos esperando, siendo respetuosos de los términos y tiempos del Congreso”, expresó.

El litigante indicó que hasta ese momento desconocían la postura que asumiría el alcalde Raúl González Martínez y tampoco tenían información sobre su ubicación, debido a que durante la sesión los abogados ingresaron al recinto legislativo y apagaron sus equipos de celulares.

La defensa explicó que no han promovido ningún amparo debido a que actualmente no existe un acto reclamado que pueda ser combatido legalmente.

La abogada Izaskun Moreno señaló que no es posible solicitar una protección federal antes de que exista una determinación formal, por lo que deberán esperar la resolución del Congreso del Estado, “No hay un acto reclamado hasta este momento”, puntualizó.

En caso de que el desafuero sea aprobado, los abogados señalaron que será necesario esperar la estrategia que determine la Fiscalía General del Estado, ya que el retiro del fuero no significa automáticamente que exista una orden de aprehensión.

El abogado Julio César Rosas explicó que corresponderá a la Fiscalía definir si solicita una orden judicial o si determina citar al alcalde para continuar con el procedimiento correspondiente.

“El simple hecho del desafuero no implica en fast track que tenga una orden de aprehensión, hay que esperar cuál es la estrategia de la Fiscalía, si lo va a citar o vamos a comparecer”, afirmó.

Los abogados reiteraron que desde su perspectiva, la carpeta de investigación no contiene elementos suficientes para acreditar responsabilidad del presidente municipal.

Señalaron que durante su intervención ante los diputados insistieron en que no existen pruebas contundentes contra Raúl González Martínez, mencionaron que dentro del expediente al analizarlo durante el procedimiento legislativo no encontraron elementos que acrediten la acusación.

Respecto a las pruebas relacionadas con las personas detenidas por el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, la defensa sostuvo que, al momento en que tuvieron acceso a la carpeta, no encontraron una orden de aprehensión ejecutada específicamente por ese homicidio.

La abogada explicó que las detenciones que constaban en los documentos revisados estaban relacionadas con otros delitos, entre ellos contra las instituciones y contra la salud.

Sobre la postura del presidente municipal ante el procedimiento, los abogados señalaron que Raúl González Martínez se mantiene respetuoso de las instituciones y está a la espera de la decisión del Poder Legislativo.

“El alcalde está respetuoso de las instituciones de gobierno, esperando que se resuelva conforme a derecho”, señaló la defensa.

La defensa evitó adelantar si recomendarían al alcalde permanecer en un sitio determinado o cuál sería su estrategia en caso de una posible acción penal, al señalar que esos aspectos forman parte de su plan jurídico y deben mantenerse bajo reserva.

Finalmente, los abogados indicaron que deberán esperar la votación del Pleno legislativo para conocer si procede o no el desafuero, a partir de ello, definir las acciones legales correspondientes.