Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó que exista algún tipo de cuestión política en la integración de carpetas de investigación en el caso de los alcaldes de Úrsulo Galván y de Ixhuatlán del Sureste, afirmó que todas las actuaciones de la FGE se sustentan exclusivamente en datos de prueba que posteriormente deben ser defendidos ante un juez.
En rueda de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado respondió a los señalamientos sobre una supuesta influencia derivada de su paso por la presidencia del Poder Judicial de Veracruz, al sostener que durante ese cargo nunca tuvo facultades para integrar investigaciones, ya que esa labor corresponde únicamente al Ministerio Público.
Explicó que en el Poder Judicial la función de jueces y magistrados es impartir justicia y resolver los asuntos que les son presentados, no investigar delitos ni elaborar carpetas de investigación.
«En el Poder Judicial no se arman carpetas de investigación, ahí no se investiga, porque no son fiscales, ahí la función es la administración e impartición de justicia», puntualizó.
Jiménez Aguirre consideró que cualquier afirmación sobre una supuesta manipulación de expedientes debe estar respaldada con pruebas objetivas y no con especulaciones.
La fiscal explicó que ahora, al frente de la Fiscalía, su responsabilidad sí implica la integración de carpetas de investigación bajo estrictos criterios legales, ya que cada solicitud de orden de aprehensión, vinculación a proceso o eventual sentencia condenatoria debe estar sustentada con elementos de prueba suficientes.
Indicó que el desarrollo de un proceso penal no depende de la voluntad de un funcionario, sino del funcionamiento del sistema de justicia, en el que intervienen ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos y jueces, quienes valoran los elementos presentados durante las audiencias.
Negó que las investigaciones tengan un trasfondo político, al asegurar que las carpetas se construyen únicamente con evidencia y no con intereses partidistas.
Los datos de prueba recabados durante la investigación posteriormente deben convertirse en pruebas que serán desahogadas durante un juicio, donde prevalecen los criterios legales y no las posturas políticas.
La funcionaria enfatizó que su trayectoria ha estado ligada tanto a la impartición como a la procuración de justicia, su actuación se encuentra enfocada exclusivamente en el cumplimiento de la ley y en la presentación de pruebas sólidas ante los tribunales, dejando de lado cualquier interés político.
