Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Veracruz, Stephany Rosas Méndez, confirmó que José Alberto Flores Hernández, ex colaborador de la diputada Dorheny García Cayetano, cuenta con protección bajo el Protocolo de Alertadores y Denunciantes que aplica la institución, tras la denuncia en contra de la legisladora por presuntamente exigir «moches» a su personal en el Congreso del Estado.
De acuerdo con la denuncia, Flores Hernández señaló que de su salario como trabajador de la diputada debía entregar un porcentaje a una persona cercana a García Cayetano, práctica que motivó su acudir a la Fiscalía Anticorrupción para presentar la queja formal.
La fiscal, explicó que por disposición del protocolo, no puede revelar mayores detalles del caso, el mecanismo protege tanto al denunciante como a la persona denunciada.
«Vamos a guardar la secrecía de la investigación, la persona denunciante está bajo el protocolo de alertadores de protección que nosotros implementamos en la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual no se me permite dar muchos datos por protección de las dos partes», indicó.
La funcionaria detalló que Veracruz es la primera entidad del país en poner en marcha este tipo de protocolo, ya publicado en la Gaceta Oficial del Estado y avalado por el Congreso.
«Este protocolo nos está ayudando muchísimo a que la información y la investigación se lleve con un proceso muy cuidado», afirmó.
Sobre el estatus de la carpeta, la fiscal precisó que no puede adelantar información porque el caso se encuentra en integración y bajo reserva del protocolo.
Explicó que tanto quién denuncia como la persona denunciada, tendrán derecho a presentar pruebas durante el proceso, al concluir la investigación se determinará si hay o no ejercicio de la acción penal.
«El fin es que las personas hagan su debida denuncia y que no tengan miedo de denunciar. Trabajando en ese esquema cuidamos también el proceso de investigación, la integración de las carpetas y sobre todo evitamos que exista mala información», señaló.
Ante el cuestionamiento sobre la postura institucional frente a este tipo de denuncias consideradas poco frecuentes por la exposición que implican para quien las presenta, Rosas Méndez fue enfática en que la Fiscalía tiene la obligación de investigar con exhaustividad y apego a derecho.
«Todos tienen derecho a denunciar, el protocolo defiende este tipo de cuestiones pero también a las dos partes, al denunciado y a los denunciantes. La confidencialidad, la secrecía de la investigación y proteger precisamente la información, porque en nuestros asuntos manejamos información muy mediática, muy sensible, que a veces las cuestiones pudieran malinterpretarse», explicó.
Con este protocolo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción busca garantizar que personas que detecten actos de corrupción dentro de instituciones públicas puedan denunciar sin temor a represalias.
