Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- Un grupo de personas que aseguran haber sido despojadas de sus bienes, bloquearon este lunes la calle Enríquez en el centro de Xalapa para exigir avances en las investigaciones relacionadas con el presunto «cártel inmobiliario» el cual afirman opera en distintos municipios del estado.
Los manifestantes reprocharon al Gobierno de Veracruz después de anunciar que revisarían los casos y actuaciones de diversos notarios, hasta ahora no existen personas detenidas ni se ha logrado restituir alguna propiedad a las víctimas.
Martha Patricia Aguilar Rendón, una de las afectadas y originaria de Alto Lucero, recordó que el año pasado el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, informó públicamente que se investigarían las irregularidades denunciadas, sostuvo que no hay resultados.
Indicó que en las carpetas de investigación existen pruebas de presuntos poderes notariales falsificados pero aseguró que la Fiscalía General del Estado no ha realizado las acciones necesarias para judicializar los casos ni proceder contra los responsables.
Durante la protesta, la mujer exigió que las autoridades realicen al menos una detención, al considerar que ello permitiría conocer quiénes están detrás de la red que a decir de los afectados, opera mediante despachos jurídicos y prestanombres para apropiarse de inmuebles.
Aguilar Rendón señaló que atribuyen estas operaciones a un supuesto grupo integrado por abogados y personas utilizadas como prestanombres, insistió en que corresponde a las autoridades investigar y deslindar responsabilidades.
Denunció que las personas afectadas han recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas provenientes de números desconocidos.
De acuerdo con su testimonio, los mensajes advertían «Le paras o te mueres», por lo que este mismo lunes presentarían las denuncias correspondientes por esos hechos.
La manifestante afirmó que quienes ejecutan los embargos, según las investigaciones realizadas por los propios afectados y sus representantes legales, actúan con rapidez logrando consumar el despojo en un plazo de hasta dos meses con documentación presuntamente falsa, mientras que las víctimas enfrentan procesos judiciales que se prolongan por cuatro años o más debido al constante diferimiento de audiencias.
Expresó que existe temor entre los denunciantes por posibles represalias, pidió a la gobernadora Rocío Nahle García intervenir para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.
Explicó que actualmente son 19 las personas que participan de manera directa en el movimiento pero han identificado más de 200 denuncias relacionadas con presuntos juicios simulados mediante los cuales se buscaría adjudicar propiedades, principalmente de adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.
Agregó que entre las víctimas existen casos de habitantes de Xalapa, Coatepec, Alto Lucero y otros municipios veracruzanos, indicó que además del desgaste económico por los litigios, enfrentan afectaciones emocionales derivadas de la incertidumbre y la pérdida de su patrimonio.
Durante la manifestación, algunos de los afectados lanzaron consignas para exigir que la Fiscalía General del Estado agilice las investigaciones y actúe contra los presuntos responsables de estos despojos.
