Por Patricia Barradas
Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz detectó un presunto daño patrimonial por aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, monto que se concentra principalmente en ayuntamientos.
La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, asistió este martes al Congreso del Estado para entregar a la Comisión Permanente de Vigilancia la Cuenta Pública 2025, en entrevista informó que son 181 municipios los que presentan señalamientos derivados del proceso de fiscalización, en el caso de los organismos y dependencias estatales se identificaron observaciones por poco más de 4 millones de pesos, correspondientes a alrededor de 17 dependencias de la actual administración de la gobernadora Rocío Nahle.
Entre los municipios con mayores señalamientos destacó a Tantoyuca, ubicado en el norte de Veracruz, la auditora señaló que la información detallada de los resultados de la fiscalización ya se encuentra disponible para su consulta en la página oficial del organismo.
González Cobos precisó que la Secretaría de Salud no presentó daño patrimonial en la revisión realizada por el ORFIS, aclaró que cuando se trata de recursos federales, la fiscalización corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que esos recursos no forman parte de la revisión estatal.
La auditora explicó que el monto observado representa un incremento respecto a la Cuenta Pública anterior, cuando se habían identificado alrededor de 2 mil 300 millones de pesos, el aumento es de aproximadamente 15 por ciento, situación que atribuyó principalmente al cambio de administraciones municipales.
De acuerdo con González Cobos, el proceso de transición entre autoridades salientes y entrantes suele generar problemas de comunicación que terminan afectando la entrega de información requerida durante las auditorías.
Señaló que existen casos en los que las nuevas autoridades no cuentan con la disposición necesaria para certificar documentos, entregar expedientes o proporcionar información que permanece en los archivos municipales, lo que dificulta los trabajos de fiscalización.
Respecto a los municipios del norte del estado afectados por las inundaciones registradas en octubre del año pasado, González Cobos descartó que la eventual pérdida física de documentos pudiera utilizarse como argumento para justificar irregularidades ante el órgano fiscalizador.
Explicó que el ORFIS cuenta con sistemas electrónicos mediante los cuales recibe información financiera durante el transcurso del año, por lo que la destrucción o pérdida posterior de documentación física no necesariamente impide realizar la revisión.
Indicó que el organismo ya dispone de la información correspondiente de los entes que cumplieron con la obligación de entregar sus reportes financieros en los términos establecidos por la ley.
En los casos de quienes no cumplieron con la entrega de información, indicó que la situación podría ser diferente y tendrían que explicar las circunstancias correspondientes.
